Fiscalía desahucia informe de OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) no tiene dudas de que el fraude electoral en Bolivia ha sido demostrado en su auditoría poselectoral de 2019. Lamentó mediante u comunicado los permanentes intentos del Gobierno de buscar informes alternativos para desacreditar su trabajo e instó al Estado boliviano a honrar el acuerdo firmado que “es vinculante para las partes”.

Consultado sobre el último pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que ratificó que hubo irregularidades en el proceso electoral de 2019, el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, declaró ayer que esta institución “no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos de documentos que ni siquiera llevan el nombre o rúbrica de sus autores anónimos”.

La Fiscalía General coloca así a la pericia que encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), por encima del trabajo realizado por el equipo de 36 especialistas y auditores de 18 países en representación de la OEA.

“LIBRE DE PRESIONES”

“Resaltamos desde el Ministerio Público que la pericia desarrollada por el grupo de investigadores expertos de la Fundación General de la Universidad de Salamanca fue realizada con honestidad y libre de presiones, conforme ellos mismos han reconocido”, recalcó Quispe ayer.

Un día antes, la OEA emitió un comunicado en el que, entre otras observaciones, señala que la pericia en cuestión fue realizada “a pedido” de la Fiscalía General.

Quispe también dijo que es “gracioso” que la OEA utilice el término “integral” para calificar a su estudio e insistió que la pericia encargada a expertos de Salamanca cuenta “con todos los elementos más bien integrales, trabajo de campo en el momento de la intervención del hecho y la colección de los elementos materiales” y que se han realizado “los estudios y pericias necesarias para poder sostener una verdad material del hecho”.

“Para nosotros el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso y no es vinculante. Para ser vinculante, pues debería haberse elevado algún un instrumento oponible para el conjunto de bolivianos y bolivianas”, sostuvo.

Así, recalcó que la Fiscalía “tiene por cerrado y resuelto este tema”. “Por tanto, no vamos a entrar al debate de este tema”, agregó.

 

EL CIERRE

El exvocal del TSE Idelfonso Mamani recordó ayer que si el fiscal departamental de La Paz, William Alave, ratifica el sobreseimiento de seis exvocales electorales (entre los que se encuentra él) y seis funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, “el caso se cierra y se acaba la investigación”.

 

El Órgano Electoral pide corregir sobreseimiento fiscal

La impugnación que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al sobreseimiento que presentó la Fiscalía respecto del caso fraude electoral realiza dos correcciones y pide que sus observaciones sean tomadas en cuenta, el documento fue firmado por el presidente del ente electoral Óscar Hassenteufel el 5 de agosto pasado.

“La resolución de impugnación no sigue la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y no toma en cuenta el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal y los principios previstos en la Ley Orgánica del Ministerio Público”, señala la parte conclusiva del documento oficial al que accedió El Deber. 

El argumento jurídico de Hassenteufel se basa en dos razones: la primera menciona dos sentencias constitucionales por las cuales los fiscales deben fundamentar de manera precisa las razones del sobreseimiento y citar las normas que sustenten la resolución de tal manera que el juez no tome una decisión sobre las razones de hecho, sino de derecho.

En su segunda observación el presidente del TSE hace notar que el documento de la Fiscalía basa su decisión únicamente en las facultades que tiene el Ministerio Público a través de la Ley 260, sin tomar en cuenta la amplia jurisprudencia para este tipo de casos.

Por esas razones, la máxima autoridad del ente electoral, asegura que la “resolución de sobreseimiento carece de una debida fundamentación y motivación y que se ajusta a lo que señala el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Al margen de las correcciones, Hassenteufel pidió que se restituya la calidad de querellante del TSE dentro el proceso porque en el documento de la Fiscalía figura como “denunciante” y recuerda que ellos se presentaron como querellantes en junio de 2020.

Esta impugnación fue la única que presentaron las cinco instituciones que figuran como denunciantes del caso. Hassenteufel fue ministro de la extinta Corte Suprema y es doctor en derecho. El memorial de impugnación solo lleva su firma y refiere que lo hace a nombre de la Sala Plena del ente electoral.