El abogado de las víctimas del caso de la Universidad Pública de El Alto, Miguel Castaños, explicó que los imputados por el fallecimiento de estudiantes tras ceder una baranda de un edificio en la universidad, se sometieron a procesos abreviados.
“El Ministerio Público presentó al Órgano Jurisdiccional salidas alternativas, es decir procedimiento abreviado para todos los imputados que estuvieron detenidos preventivamente en el penal de San Pedro y las mujeres en el Centro de Obrajes, por cuatro meses”, indicó Castaños.
Explicó que el Órgano Judicial dio un tiempo de cuatro meses, plazo procesal que ya se cumplió el 6 de julio de este año.
El abogado aseveró que el Ministerio Público “no actuó con objetividad en el caso porque no se notificó ciertos actos procesales para las víctimas. La pericia que es fundamental en este presente caso no se ha hecho conocer”.
Además, mencionó que esta instancia no se pronunció aún sobre la indemnización que corresponde por ley.
El trágico hecho se registró el pasado 2 de marzo, cuando estudiantes de la carrera de Administración de Empresas y Ciencias de la Educación efectuaban una asamblea en el cuarto piso de uno de los edificios de la UPEA. Como resultado, siete universitarios perdieron la vida luego de que la baranda cedió en medio de empujones y protestas.
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