El GIEI halla graves violaciones a diez derechos humanos cometidas en gobiernos de Evo y Jeanine

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que en los hechos violentos de 2019, en los que cuantificó que 37 personas fallecieron en medio de la crisis pre y poselectoral, se violaron al menos 10 derechos humanos, por lo que urgió al Estado boliviano a crear un “programa de reparaciones” a las víctimas directas e indirectas.

El capítulo 7 del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, presentado este martes, abarca las páginas 427 y 460. Examinó hechos acontecidos entre la parte final de la administración del presidente Evo Morales y la asunción de su sucesora, la presidenta Jeanine Áñez.

Detalla que, según el trabajo de grupo de expertos, se violaron:

1. El derecho a la vida
2. A la integridad personal
3. A la libertad y seguridad personal
4. A la honra, dignidad y a la vida privada
5. A las garantías judiciales y debido proceso
6. A la libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión y libertad de asociación
7. A la no discriminación
8. A la salud
9. A la propiedad, y
10. Al trabajo

El documento enumera los hallazgos de daños materiales e inmateriales sufridos por las víctimas, y recomienda al Gobierno la creación de un “programa de reparaciones" a las víctimas, cuyo primer paso serúa “la identificación y registro de víctimas y beneficiarios del programa”.

Al respecto, en su discurso de recepción del informe, el presidente Luis Arce anunció que su gobierno impulsará la realización de un censo para identificar a las víctimas de los hechos de violencia.

El GIEI señala en el capítulo 7 de su informe: “El presente informe hace una contribución importante para la documentación de violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 y, por lo tanto, a la identificación de víctimas de estos hechos que, por tal motivo, deben ser considerados beneficiarios/as de las medidas de reparación”.

Y, en ese marco, aconseja al Estado que la creación del programa de atención y reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis social y política de 2019 esté respaldada por una ley.

La creación de un órgano independiente que maneje el programa es una alternativa, según el GIEI, aunque también considera posible que este sea administrado por diferentes instancias de la administración estatal, con participación de la sociedad.

Recomienda al Gobierno boliviano, en consecuencia, la creación de un “órgano de derechos humanos, dotado de autonomía funcional”, aunque también habla de un “Plan de Atención integral a las víctimas” y del referido “programa de reparaciones”.

“Los/as beneficiarios/as del programa de reparaciones deben corresponder a las personas que sufrieron un daño material o inmaterial ocasionado por las vulneraciones a sus derechos (víctimas directas) y a sus familiares allegados o personas a su cargo, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”, dice en una parte de su informe.

 

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN

También habla de medidas de reparación a las víctimas, con la restitución de sus bienes, compensación de daños, restitución a sus fuentes de trabajo, y recomienda la liberación de personas detenidas arbitrariamente.

En cuanto a la rehabilitación de las víctimas, el GIEI dice que se debe adoptar para todas las personas que hayan sufrido lesiones físicas o afectaciones de orden psíquico o psicológico como consecuencia de los hechos documentados.

“En este grupo de personas se incluyen no solamente aquellas que sufrieron lesiones físicas o afectaciones de orden psíquico o psicológico directamente, sino también todas aquellas –familiares, allegados o personas que asistieron a las víctimas– que sufrieron emocional y psicológicamente como consecuencia de actos cometidos contra otras personas”, agrega.

Las medidas de rehabilitación incluyen:

• Atención médica, psiquiátrica y psicológica de calidad.
• Provisión gratuita de medicamentos.
• Transporte hasta los centros donde se prestará la atención médica, psiquiátrica y psicológica.
• Capacitación profesional para nuevas funciones, para aquellos/as que no pudieron seguir con sus trabajos debido a secuelas físicas y psicológicas, o aquellos/as que perdieron sus trabajos.
• Becas para estudios secundarios o universitarios, técnicos o de otra índole, conforme a lo que se adecue a los planes de desarrollo de los beneficiarios.
• Asistencia para encontrar un nuevo trabajo conforme a los planes de desarrollo laboral de los beneficiarios.
• Atribución de microcréditos.
• Ayuda a vivienda.
• Servicios jurídicos y sociales de apoyo y asistencia.