“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro, para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”.
Esto dice en la página 162 del informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI-Bolivia) presentó la mañana de este martes, en lo referido a las Caravanas del Sur y Mineros de noviembre de 2019.
GRAVES VIOLACIONES DE DDHH
El trabajo investigativo del GIEI concluye que funcionarios y autoridades oficialistas instigaron a que se cometan “graves violaciones de los derechos humanos” en Vila Vila, Caracollo y Playa Verde contra universitarios, cívicos y mineros de Chuquisaca y Potosí.
“Los hechos descritos revelan que integrantes de las Caravanas del Sur y Minera fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”, dice en su evaluación analítica, incluida en el informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI-Bolivia) presentó la mañana de este martes.
HERIDOS Y REHENES
La investigación del GIEI-Bolivia señala documentadamente una serie de revelaciones de los sucesos ocurridos en la carretera Potosí-Oruro cuando las Caravanas del Sur y Minera fueron interceptadas por gente presuntamente ligada al Gobierno que les impidió llegar a La Paz para expresarse en medio de la crisis política que vivía el país por las denuncias de fraude electoral.
Cinco heridos por arma de fuego; al menos 15 personas tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila y una persona retenida tres días en Challapata; hombres y mujeres torturados y agredidos sexualmente; grupos de personas afectados en su libertad de tránsito y en su libertad de expresión, son algunos de los hallazgos de la investigación.
Además, personal de salud que acudió al rescate de los heridos sufrió agresiones con piedras y dinamita en Vila Vila y Caracollo, y con armas de fuego en Challapata. También salubristas fueron hostigados, se revisaban las ambulancias, entorpecieron heridos por dinamita, apunta el GIEI.
PRUEBAS
La investigación señala que existe responsabilidad estatal “comprobada” por diversas fuentes y que, además, lugareños entrevistados informaron que los bloqueos fueron protagonizados por personas ajenas a las comunidades.
Para los bloqueos con tierra, piedras, llantas y “miguelitos” sobre la carretera se utilizó maquinaria pesada pública, así como para transportar a los bloqueadores.
“Una exfuncionario confirmó que alcaldías administradas por el MAS movilizaron maquinaria para ayudar a preparar los bloqueos y evitar la llegada de la caravana a La Paz”, dice el informe.
Por otra parte, las alcaldías de Llallagua, Uncía y Chuquiuta y Challapata también respaldaron el plan de bloqueo en Playa Verde-Challapata, ejecutado por los ayllus Qaqachacas y Laymes, que recibieron apoyo logístico en alimentación y volquetas municipales.
El entonces exministro de la Presidencia le dijo a la GIEI que los Qaqachacas decidieron “bloquear para que no vengan los mineros cooperativistas, pero además enviar una fuerza de apoyo a la ciudad de La Paz para evitar que los pititas se tomen la Plaza Murillo”.
Otro video al que tuvo acceso la GIEI muestra cómo líderes aymaras llamaban a movilizarse con claros mensajes político partidarios.
Particulares utilizaron gases antidisturbios o antimotines en los bloqueos; en Challapata, incluso emplearon armas de fuego de largo alcance.
EL ESTADO INSTIGÓ Y CONSINTIÓ
El propio Estado vulneró su deber de garantizar el ejercicio del derecho de protesta y la libre circulación de personas, según el GIEI. Y los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata fueron instigados y consentidos por el Estado. “Es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia”.
“El GIEI concluye que los bloqueos fueron resultado de una acción realizada con la participación del Estado, en vulneración de su deber de garantizar el ejercicio del derecho de protesta y la libre circulación de personas. Además, los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques, es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia. Además, el Estado consintió con lo ocurrido en la medida que no investigó o sancionó a los responsables. Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos”, dice el informe.
“Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos”, concluye también.
LAS PRUEBAS DEL GIEI
- El GIEI señala tres medios probatorios encontrados, además de varios testimonios:
- 1. Un informe de la Felcc Oruro revela que en el bloqueo de Sora Sora se verificó la presencia de funcionarios y maquinarias públicos.
- 2. El Instructivo 25/2019 de 7/11/2021 del Sedede de la Gobernación de Oruro, ordena a sus dependientes a participar en bloqueos y en el enfrentamiento en Vila Vila.
- 3. Un video del entonces gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, que instruye bloqueos. La exautoridad admite la autenticidad del video y explica que fue una solicitud de “comunarios”, que querían organizarse para defender los resultados electorales. Admite también la “probable” participación de servidores públicos.
ANTECEDENTES
- La emboscada del 9 de noviembre de 2019 se produjo a unos 80 kilómetros de Oruro, donde una caravana de buses de Chuquisaca y Potosí fue atacada por personas afines al MAS.
- Más de 30 personas fueron heridas y vejadas y los responsables jamás fueron identificados.
- Alberto Puita, representante de las víctimas, informó que las fiscalías de Oruro y Potosí cerraron la investigación sin culpables.
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