Además de señalar una falta de independencia de la administración de justicia –un problema que califica como “estructural en Bolivia”–, con presiones a magistrados y fiscales e injerencias externas en el ejercicio de las funciones de estos, el GIEI hace en su informe serios cuestionamientos al trabajo desarrollado por el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas durante el periodo de su análisis: entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Según lo adelantó Patricia Tappatá Valdez, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante la presentación pública del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, ese grupo considera “dos institucionalidades claves para promover y proteger los DDHH: justicia y seguridad”. Por eso, dijo, una buena parte de sus recomendaciones están dirigidas al Órgano Judicial, el Ministerio Público, las FFAA y la Policía.
FALTA DE INDEPENDENCIA
“El GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”, reza parte del documento presentado la mañana de este martes en La Paz.
INSTITUCIONALIZACIÓN
“Según la información proporcionada al GIEI por el fiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce, de los 570 fiscales de materia en todo el país, solo un 20% fueron institucionalizados en gestiones anteriores. Al respecto, por primera vez en los últimos años se realizó una convocatoria pública para la designación de fiscales departamentales, la cual, sin embargo, no logró éxito y fue declarada desierta”.
“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, dice en un primer momento.
“Se observa el uso arbitrario de la tipificación legal de los crímenes de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, los cuales son definidos de modo abierto en la legislación penal del país. Asimismo, llama la atención que los expedientes investigativos y judiciales presentan una grave deficiencia en los estándares de fundamentación entre los hechos presuntamente ilícitos, los elementos de convicción y el nexo causal con la calificación penal de las conductas para la fundamentación de imputaciones”, agrega el documento.
ABUSO DE LA DETENCIÓN
A pesar de la normativa vigente, “en la práctica, las instituciones del sistema de justicia no respetan los estándares legales sobre el uso restrictivo de la detención preventiva. Desde 2006, la CIDH ha constatado un uso desmedido de esta medida cautelar en Bolivia, circunstancia que se refleja en los elevados porcentajes de personas privadas de libertad”, señala el GIEI en su informe.
Una subordinación al poder civil
También, el GIEI se refiere al papel de las instituciones de seguridad. “La circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil”, revela el informe.
“El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrá¬tico, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes”.
“El análisis de los hechos revela que, por procesos externos e internos, la institución policial fue instrumentalizada durante las disputas políticas”, sostiene.
El caso de la exasistente de Evo Morales
El informe hace también referencia a la situación vivida por la jefa de gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, detenida por cuatro meses en el penal de Obrajes.
En una parte dice: “La investigación conducida en contra de Patricia Hermosa y otros despunta como un ejemplo de persecución penal sin observancia del debido proceso legal. Llama la atención el manejo abierto de los conceptos penales de sedición y terrorismo, sin la preocupación de especificar la figura en la que se les imputan las conductas criminales, así como la ausencia de indicación precisa de cuáles hechos caracterizarían la ocurrencia de los crímenes. Patricia Hermosa fue imputada como partícipe en crímenes atribuidos a Evo Morales, con base en la presunción de que, como su jefe de gabinete, estaría involucrada en los hechos. Es relevante observar que ella fue mantenida en detención preventiva por seis meses en la cárcel, embarazada y sin adecuada asistencia médica, lo que pudo haber sido causa de aborto. El GIEI evalúa que hubo, además de la violación al debido proceso legal, un trato cruel e inhumano por las condiciones en que se produjo la pérdida de su embarazo y la ausencia de atención médica oportuna”.
