Comisión desempolva juicios a exprefectos de Chuquisaca
Una de las acusadas, la exprefecta Savina Cuéllar, desconoce sobre una posible autorización de juicio
Al margen del caso de La Calancha, que involucra al exministro Alfredo Rada, el MAS desempolvó los trámites de juicios de responsabilidades contra cinco exprefectos de Chuquisaca por presuntos hechos delictivos cometidos hace 20 años. Se encuentran en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), después de su aprobación en la Comisión Mixta.
Entre los 20 juicios de responsabilidades que aprobó la Comisión Mixta de Justicia Plural están los casos contra los exprefectos de Chuquisaca, Marcelo Arana (fallecido), Carlos Cortez Aparicio, David Sánchez (MAS), Ariel Iriarte y Savina Cuéllar.
Iriarte también está acusado por abuso deshonesto a un niño de cinco años y cumple desde el año pasado una condena de cárcel en San Roque.
CASOS ACUSADOS
Arana fue acusado por la firma de un contrato para el movimiento de tierras en el sector de Tranca Mayu-Thacos-Otorongo, entre 2000 y 2001, que no se ejecutó. Esto habría ocasionado no solo retraso en la entrega de las obras, sino un daño económico al Estado.
Cortez fue investigado por la muerte de un minero ocurrida el 9 de junio de 2005, cuando un contingente militar y policial impidió el ingreso a Sucre de cooperativistas que pretendían frenar la sesión del Congreso para elegir al presidente de la República tras la renuncia de Carlos Mesa.
A Sánchez, por su parte, se lo acusa de contratar en 2003 a empresas por excepción para que presten servicios, lo cual habría generado un daño económico al Estado.
Además, Sánchez y su sucesor Iriarte están acusados por incumplimiento a resoluciones constitucionales en 2007, por no ejecutar la reincorporación de Jhenny Judith Lara a su fuente de trabajo en la entonces Prefectura y el pago de sus salarios devengados y otros derechos.
A Cuéllar se la acusa por la emisión de resoluciones de convocatoria al referéndum autonómico, una atribución del Congreso.
LA CALANCHA
El pedido de juicio por las muertes de La Calancha también está en manos de la ALP, que por dos tercios debe aprobarlo o rechazarlo. En este caso, el acusado es Rada por la represión policial a los manifestantes que exigían el tratamiento de la capitalidad plena en la Asamblea Constituyente. Hubo tres muertos y una fuga de reos del penal San Roque.
Ayer, Cuéllar dijo a CORREO DEL SUR que desconoce ese pedido de juicio en su contra, pero que no le sorprendería, porque “por política todo pueden armar”.