Entorno de Áñez exige el cese de detención
Su defensa señala que seis meses después, el Ministerio Público aún no emite una acusación por falta de pruebas

La familia y la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez cuentan las horas para que la justicia pueda dictar el cese de su detención preventiva ya que después de seis meses “no se estableció si existió un hecho delictivo” y no hay una acusación formal.
“Estamos atentos y pensamos que mañana (por hoy) la autoridad judicial va a cumplir la obligación que tiene y va a levantar la detención preventiva”, enfatizó el abogado de Áñez, Luis Guillén, tras cumplirse los seis meses de plazo que tuvo el Ministerio Público para realizar las investigaciones por el caso denominado “golpe de Estado”.
“La mantienen detenida sin pruebas en un proceso absurdo, sin delitos, que la Justicia debe cerrar. La expresidenta clama a jueces y CIDH por su vida y su libertad”, escribió ayer el entorno de Áñez, en la cuenta de Twitter de la exmandataria.
Junto a aquellas palabras compartieron un video en el que recuerdan las denuncias de fraude electoral, la renuncia de Evo Morales, el ascenso de Áñez y su posterior detención el 13 de marzo pasado, “sin notificación previa y trasladada desde Trinidad, Beni, a la sede de gobierno”.
El 14 de marzo, la justicia determinó su detención preventiva por cuatro meses para que se realice la investigación, aunque después se amplió ese plazo a seis meses.
Este caso en el que se investigan los delitos de terrorismo, sedición y conspiración fue abierto en la vía penal a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS) y se investigan los hechos que derivaron en la renuncia de Morales y la asunción de Áñez como presidenta.
El jurista aclaró que a la fecha no existió ninguna audiencia para que la Fiscalía solicite ampliar el tiempo de investigación, alegando que aún le falta realizar diligencias, por lo tanto espera que el juez cumpla la obligación de levantar la detención.
CRÍTICAS EN EL OFICIALISMO
La exdiputada Patty manifestó ayer que Áñez no debe ir a un juicio de responsabilidades porque no fue presidenta electa, por lo que pidió la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima al señalar que él “se equivoca”. “Si no puede, que renuncie el ministro Lima. Además, él fue abogado de (Samuel) Doria Medina, esa clase de gente está en nuestros ministerios, yo tengo los documentos (pruebas) y en los próximos días vamos a presentar”, advirtió.
Por su parte, el diputado Rolando Cuéllar (MAS) pidió que Carolina Ribera comparta celdas con su madre Jeanine y anunció la apertura de procesos de fiscalización sobre presuntos hechos de corrupción en la unidad de Gestión Social que dirigió la hija de la expresidenta.
“Seis meses que impiden su derecho a su salud e integridad. Jeanine Ánez es inocente y la justicia lo sabe, pero lo niega. ¡Exijo a los jueces su libertad!”, tuiteó ayer Ribera, quien la anterior semana denunció ante organismos internacionales en EEUU, vulneraciones a los derechos humanos de su madre.
PLATAFORMAS APOYAN
Este sábado, plataformas del 21F sostendrán un congreso nacional para definir medidas de protesta en defensa de Áñez.
El activista Guillermo Paz informó que más de un centenar de personas se reunirán en La Paz en representación de plataformas de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, para definir nuevas acciones.
SEGUNDO PROCESO
Sobre Áñez aún pesa un segundo proceso, el cual se desdobló del caso “golpe de Estado” y por el que se le acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a la forma en que asumió la presidencia en 2019.
En este proceso, Áñez también cuenta con detención preventiva de seis meses, dictada a inicios de agosto y por un tiempo de seis meses. Es decir que si consigue libertad en el proceso por terrorismo, sedición y conspiración, aún estaría detenida por este segundo proceso.
SEIS MESES
Jeanine Áñez cumplió seis meses de detención preventiva. Suman seis procesos en su contra: dos en la vía ordinaria y cuatro juicios de responsabilidades.
La justicia rechazó más de 10 pedidos de libertad.justicia.
La OEA, la ONU y la UE demandan un debido proceso.