Órgano Judicial defiende atribuciones sobre Derechos Reales

El Órgano Judicial propone que Derechos Reales siga bajo su competencia y no comparte íntegramente el proyecto de ley de reforma del Ministerio de Justicia, que plantea la creación de un directorio a la cabeza del Gobierno. El TSJ propone que DDRR esté en un “territorio neutro”, donde no exista la susceptibilidad de que los bienes de los bolivianos puedan ser objeto de algún mal manejo.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, informó que hay al menos tres propuestas de ley para la modernización de los servicios de DDRR en Bolivia; los proyectos de ley del Ministerio de Justicia que ya están en proceso de socialización, del Consejo de la Magistratura y del TSJ.

“No la compartimos en su integridad (el proyecto del Ejecutivo), el Consejo de la Magistratura también tiene su proyecto de ley, habrá que trabajar, recoger y socializar muchas otras propuestas que configuren una ley de DDRR, porque hay que reconocer que la actual norma es completamente obsoleta”, sostuvo Torres en entrevista con CORREO DEL SUR.

La autoridad dijo que la propuesta del Ministerio de Justicia plantea la creación de un directorio a la cabeza del Gobierno, con la presencia del Órgano Judicial, los municipios, los delegados del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otros. 

También dijo que el Consejo de la Magistratura plantea un proyecto con ciertas modificaciones al actual esquema.

¿DE QUIÉN DEPENDERÁ?

La actual normativa establece que DDRR está bajo la dependencia del Órgano Judicial porque las recaudaciones por esos servicios son destinados al presupuesto judicial. Empero hay propuestas para que pase a un Ministerio del Ejecutivo. 

“Nosotros preferiríamos que DDRR esté en un territorio neutro donde no exista la susceptibilidad de que los bienes de los bolivianos puedan ser objeto de algún mal manejo”, sostuvo Torres.

La autoridad admitió que DDRR no goza de credibilidad, transparencia y persisten las denuncias de corrupción sobre todo en el eje central. 

“Donde hay una especie de consorcios entre loteadores y funcionarios de DDRR, donde se pone en inseguridad jurídica a muchos bolivianos que tienen un patrimonio y estos defectos no pueden ser trasladados a una nueva institución; hay que garantizar el patrimonio de los bolivianos, darle certeza jurídica de que los registros que se realizan sobre la propiedad privada esté debidamente garantizada”, puntualizó.

Ayer, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que los concejos municipales de todo el país deben elaborar cuatro leyes, una vez que entre en vigencia la Ley de Servicio Plurinacional de Derechos Reales.

“ESTOCADA FINAL”

Para el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, (ICACH), el traslado de DDRR al Ejecutivo es la “estocada final” al Órgano Judicial, porque lo dejarán sin ingresos y completamente sometido al Gobierno, porque “una institución funciona con dinero”.