Un hombre fue sentenciado a cárcel en 1995 por un presunto robo agravado en base a declaraciones de un testigo cuyo carnet de identidad no le correspondía, además de otras observaciones que motivaron una auditoría jurídica. Desde hace 23 años, el sentenciado intenta procesar penalmente a los administradores de justicia de su caso.

El 18 de diciembre de 1995, Gonzalo se vio envuelto en un robo a una librecambista, hecho que fue presenciado por una testigo, Flora, quien identificó a dos varones como autores del delito, los cuales fueron puestos en libertad luego de recibir sus declaraciones informativas. Sorprendentemente, la declaración de la testigo fue “tachada” y el juez de la causa descargó: “no se toma en cuenta su declaración por estar tachada”, según consta en el informe técnico U.T.-CTCH CITE N°03/2021 de la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca.

Casi de manera inmediata aparecieron otros dos testigos presenciales del hecho que dijeron haber visto cometiendo el hecho a Gonzalo y Abel, que no estaban relacionados con la declaración de la primer testigo. Uno de los nuevos testigos se presentó a declarar portando el carnet de identidad de otra persona y aun así se dio por bien hecho el actuado. Estos antecedentes fueron motivo para que se presentara la denuncia por robo agravado.

Abel fue apartado del proceso con sobreseimiento, pero la causa siguió contra Gonzalo. La acusación se sustentó como robo agravado por el hecho de haber participado dos personas en el crimen, situación que fue observada por la defensa, pero el tipo de delito nunca cambió.

INFORME TÉCNICO

A partir de dichas observaciones se fueron sucediendo otras más que están reflejadas en un informe técnico que, incluso, hace notar que el acusado recibió una pena de tres años de cárcel en primera instancia, que después fue elevada a seis. 

Por este supuesto hecho, Gonzalo estuvo en la cárcel 11 meses y ahora busca que los administradores de justicia de su caso, que son varios, sean sancionados como corresponde. Sin embargo, hasta hora no encuentra justicia. “Son 23 años de lucha”, aseguró.

Hasta ahora solo logró que el Ministerio Público presente denuncia contra un exjuez, pero que debido al planteamiento de incidentes y excepciones el caso no avanza. Hoy está programa una nueva audiencia.

PERDIDOS

La víctima de estas irregularidades, probadas por un informe técnico-jurídico, denunció que se perdieron los expedientes de 2004 a 2016, que forman parte de 10 cuerpos, y aun así las autoridades judiciales actuaron en el proceso. El caso es de conocimiento del Ministerio de Justicia.