Fiscalía imputa a Damián Condori por estafa; no pedirá su detención

El Ministerio Público imputó formalmente al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, por estafa, un delito que la autoridad habría cometido en 2015 antes de asumir este alto cargo público. No se trata de un delito de corrupción contra el Estado sino de una deuda particular y la Fiscalía anuncia que se reserva el derecho de pedir una medida cautelar en cualquier momento del proceso, informó ayer el fiscal departamental Mauricio Nava Morales. 

“El Ministerio Público, en representación de la sociedad, tratándose de un delito de acción penal pública (…) imputa formalmente a los ciudadanos Damián Condori y Agustín Cardozo por existir suficientes elementos de convicción respecto a la probabilidad de autoría y participación en el ilícito investigado, calificando provisionalmente su conducta dentro del tipo penal de estafa”, señala parte del documento de imputación al que accedió CORREO DEL SUR.  Los imputados fueron denunciados por Sebastián Maida Gallo, supuesta víctima que prestó el dinero.

En la mañana de ayer, el fiscal asignado al caso David Andrade, informó que en la fase preliminar de investigación que duró casi seis meses, cuando el procedimiento establece entre 20 y 60 días en caso de haber ampliaciones, se recabó los elementos suficientes para sostener que el imputado es autor de este hecho.

Admitió la demora en tomar una decisión debido a las dificultades en la notificación a Condori y a otras personas denunciadas y el retraso en la remisión de información requerida a otras instituciones.

Andrade dijo que para este tipo de delitos no corresponde una detención preventiva al tratarse de delitos de carácter patrimonial, empero se reserva el derecho de solicitar lo que corresponda.

NO EXISTE DEUDA

El asesor general de la Gobernación, Eduardo González, afirmó que en este proceso se demostrará con elementos de prueba objetivos de que Maida Gallo no tiene ningún fundamento para su demanda y lo acusó de pretender “extorsionar” a Condori prestándose como un “instrumento para perjudicar la gestión en la Gobernación”.

“Esa deuda no existe porque se canceló a través de una tercera persona a Juan Reynaga, quien junto a su esposa fueron los que prestaron el dinero a Condori con la garantía de Gallo”, explicó. El denunciante jamás prestó ningún monto, según su versión. 

El secretario jurídico de la gobernación, Adolfo Martínez, ratificó que no existe un documento oficial que demuestre que Condori es deudor. Además dijo que esta denuncia ya fue rechazada en una primera instancia porque no había un sustento para el hecho delictivo pero el Fiscal Departamental reactivó este proceso.

“No hubo una justa valoración de las pruebas de descargo presentados. La imputación es bastante forzada”, sostuvo.

Advirtió que antes de las elecciones subnacionales, con este proceso penal intentaron frenar que Condori se habilite como candidato a Gobernador, ahora nuevamente buscan argumentos jurídicos “forzados” para “hacer un lado al actual Gobernador”.

El abogado penalista Arturo Yáñez, señaló que solamente en caso de haber una sentencia ejecutoriada podría perjudicar a Condori en su condición de gobernador, pero como se trata de un delito de orden patrimonial, el denunciado incluso puede llegar a una conciliación con la víctima.

Denuncia de una supuesta deuda a Sebastián Gallo

Entre 2015 y principios de 2016, el denunciante Sebastián Maida Gallo habría garantizado con su casa un préstamo de Bs 200 mil de Juan Reynaga para Damián Condori. El denunciante señala que él le prestó el dinero a Condori para cubrir una deuda dentro del proceso penal por el caso exFondo Indígena en La Paz, y que este último jamás cumplió con la devolución y como consecuencia casi perdió su casa. 

Para la defensa de Condori esta deuda no existe porque fue cancelada por una tercera persona. Empero, Gallo había conseguido un documento como si él hubiese pagado la deuda y con este documento pretende hacerse pagar.

Con la imputación en curso, el Ministerio Público tiene seis meses para la investigación propiamente dicha y emitir una resolución de acusación o rechazo de la denuncia.

ART 335 (ESTAFA)

“El que con la intensión de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición matrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días”.