La denuncia de un caso de corrupción en el que se involucra a un exdirector de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial podría quedar archivado, si es que la víctima y el acusado llegan a un acuerdo de resarcimiento de daños. El proceso podría solucionarse por la vía del programa restaurativo que por primera vez se aplicará en Chuquisaca.

EL HECHO

El hecho se remonta a la supuesta comisión del ilícito en 2014, cuando la Constructora Arancibia y Asociados se presentó a una licitación para la construcción del edificio judicial de Villazón (Potosí) y que se adjudicó con la propuesta más baja de Bs 18.356.778.

Después se conoció que esa adjudicación de parte de la DAF fue amañada porque de por medio la empresa contratista realizó pagos por un valor Bs 1,4 millones al director de la DAF, F.P., por un acuerdo al que habían llegado ambas partes en base al 8% del total de la obra. Según el denunciante, los pagos se realizaron entre 2014 y 2015.

Sin embargo, estos actos irregulares se mantuvieron en reserva hasta que, en 2019, el empresario se animó a presentar la denuncia en Sucre y a partir de aquello el Ministerio Público inició la investigación y el 19 de septiembre de ese año ordenó la aprehensión del sospechoso. La madrugada del 21, un juez lo envió a la cárcel con detención preventiva.

POR CORRUPCIÓN

Este caso comenzó como un hecho de corrupción, lo que pesó para que el denunciado estuviera en la cárcel por varios meses hasta que la Fiscalía, en 2021, presentará la acusación formal y el caso fue a parar el Juzgado de Sentencia 4° de Sucre.

Según conoció CORREO DEL SUR, el juicio de este caso comenzó la semana pasada, pero antes de ingresar al proceso oral en cuestión, la defensa del acusado planteó acogerse al programa restaurativo del daño económico en el marco de la ley 1390 con la finalidad de acordar con la víctima, en este caso el denunciante y dueño de la empresa, la reparación del daño.

EN ACUERDO

La propuesta fue aceptada por la víctima al igual que el Ministerio Público, puesto que se trata de una acción previa que está respaldada por una ley y que tiene un carácter similar o parecido a una conciliación.

De acuerdo a la explicación que recibió este diario, la ley 1390 define que hechos de corrupción en los que la cuantía del delito sea igual a mayor a 7 millones de bolivianos se considera de grave daño, por lo que el proceso directamente debe ingresar a juicio. Empero, si el valor económico es menor las partes pueden acogerse al programa restaurativo e intentar llegar a un acuerdo.

SIN PLAZO

En el presente caso que involucra al exdirector de la DAF del Órgano Judicial y a un empresario, el juez ordenó que el proceso intente una resolución por la vía del acuerdo de las partes y esa tarea, según la ley 1390, está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio de Justicia.

Se aclaró que para la aplicación de esta opción no hay un plazo, pero ahora todo dependerá de que esa instancia del Ministerio de Justicia convoque a las partes. Después, si hay acuerdo para la reparación del daño, que no es otra cosa que la devolución del dinero, el caso volverá al Juzgado de Sentencia donde el Ministerio Público y el juez conocerán el alcance del acuerdo y se cerrera el caso; si no lo hubiera, el juicio continuará.

APARTADO

En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia se presentó como víctima, pero como el cobro de dinero por la adjudicación de una obra fue a un particular, quedó apartado del caso por disposición del juez, en base a la ley 1390.