Congreso anula amnistía aprobada por Luis Arce

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer la anulación de una “amnistía” decretada hace unos meses por el presidente Luis Arce para quienes se consideraban “perseguidos” por el Gobierno de Jeanine Áñez y que la oposición advirtió que iba a dejar impunes varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020.

La derogación del Decreto Supremo 4461 que concedía amnistía e indulto a los militantes del MÁS, generará responsabilidad en el presidente Arce, por lo que podría ser denunciado por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas.

Sin embargo, admitió que una denuncia de tal magnitud para que sea procesada en un juicio de responsabilidades solo podrá ocurrir cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) “ya no controle la justicia”.

Pedrazas, también señaló que para juzgar al Presidente por este tipo de delito solo hay un plazo máximo de diez años desde la comisión del hecho, porque al cabo del mismo prescribe.

La tarde de ayer, jueves, el Congreso aprobó por unanimidad la derogación del Decreto Supremo 4461, que el presidente Arce promulgó para conceder indulto a un grupo de reos del país, pero también a las personas procesadas en el gobierno de Áñez.

Durante el periodo de transición “más de mil personas vinculadas políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a organizaciones sociales, fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición, entre otros”, informó el Ministerio de Justicia en un boletín institucional.

“Han declarado ‘suficiente discusión’ totalmente avergonzados de manera vertiginosa porque les da vergüenza abrogar su propio decreto de impunidad”, afirmó el jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón.

EL GIEI

En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió su informe sobre los hechos de violencia de 2019.  Entre sus observaciones está el citado decreto.

Juanito Angulo, diputado del MAS, consideró importante considerar el tratamiento del decreto. “Se aprobó en esta gestión, fue para garantizar los derechos, las libertades, las garantías y los principios constitucionales vulnerados por un gobierno de facto, inconstitucional, que persiguió, mató e hirió. El 2019 no tuvimos un gobierno constitucional”, agregó.

HACE UN AÑO

La senadora de CC, Andrea Barrientos, recordó que hace casi un año pidieron que “no se apruebe un decreto presidencial de la impunidad, que no se permita que exista en Bolivia una diferenciación entre ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría“.