Sospechan de “acuerdo económico” para evitar interrupción legal de embarazo

La niña de 11 años que producto de una violación de su abuelastro quedó embarazada recibió el martes el alta médica del hospital Percy Boland e ingresó a un centro de acogida de la Iglesia católica, luego de que la familia decidiera que continúe con el embarazo, pese a que inicialmente pidió la interrupción legal.

La Defensoría de la Niñez y la Defensoría del Pueblo denunciaron presiones para que la familia y la niña cambien de decisión, incluso un jefe policial sospecha que hubo un “acuerdo económico”.

Silvia Zuazo, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, afirmó que personas de la Iglesia católica ingresaron cerca de la medianoche a la habitación de la niña en el hospital para convencerle que no interrumpa su embarazo, pese a que cumple los requisitos legales para hacerlo.

“Es una pena que hayan actuado de esa forma. Yo estaba todo el día en el hospital, pero cerca de las 23:00 me pidieron que saliera. Después ingresó  gente de la Iglesia y convenció  a la niña y a su mamá de no interrumpir  el embarazo”, indicó Zuazo en declaraciones recogidas por Página Siete.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), José María Velazco, indicó que la víctima aceptó ir a una casa da acogida por “influencia de su mamá”

“La mamá trabajaba como cocinera y le ofrecieron pagarle lo que ganaba cocinando: 2.000 bolivianos. Entre bambalinas hubo ese acuerdo económico,  pues ese monto le pagarían por cuatro meses más”, dijo el  jefe policial en una entrevista con Página Siete.

Procesos

El delegado de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, Carlos Lara, indicó a Página Siete que esa intromisión podría generar procesos penales a diferentes instancias. Anunció que “ya se solicitó un informe escrito al Hospital Percy Boland y al municipio de Yapacaní, para que la DNA dé un reporte sobre la actuación  en este hecho”.

Lara dijo que se identificarán los hechos de vulneración de derechos, protección y resguardo a la niña. “Hay indicios  que nos permiten  ver todo eso”, dijo.

La respuesta de la Iglesia

La Iglesia católica afirmó ayer, martes, que “no se puede obligar a nadie a realizar abortos” y que tanto los derechos de la niña que fue violada en Yapacaní como del bebé que crece en su vientre “deben protegerse”, por lo que exhortó a las autoridades a “respetar el derecho a la vida”.

“Exhortamos a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña que ha sido víctima de violación y del bebé que está en gestación. Ambas vidas merecen y deben ser protegidas”, pidió la Conferencia Episcopal Bolivia (CEB), en un manifiesto.