Se ha desatado una ola de amenazas de juicios contra quienes pudieron haber influido en la decisión de evitar el aborto de una niña de 11 años que resultó embarazada tras una violación. La Iglesia católica también anunció un proceso contra quienes atacaron las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció demandas judiciales después de que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, pidiera la intervención de la justicia a favor de la menor.
Antes, Cruz había informado de la presentación de acciones legales en los ámbitos nacional e internacional con la finalidad de “salvaguardar la vida, dignidad e integridad” de la niña violada en Yapacaní y cuyo proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no siguió adelante.
DEMANDADOS Y DELITOS
En declaraciones al programa “No Mentirás”, de la red PAT, la Defensora anunció anoche que hoy denunciará ante la Fiscalía a personeros del Arzobispado de Santa Cruz que realizaron contactos con la niña e ingresaron a un nosocomio con fines de captación. Dijo que su denuncia se extenderá a personal del hospital Percy Boland, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y de la propia madre de la pequeña abusada.
Precisó que los delitos por los que presentará su denuncia penal son: trata de personas, tortura con fines de embarazo forzado y/o actos de disposición de ser humano.
La asesora legal de la CEB, Susana Inch, dijo que responderán a la demanda en su momento. Por lo pronto, en el mismo programa de televisión aclaró que la institución eclesiástica no cometió ningún delito porque la Iglesia católica “no ha tenido contacto con la niña para influir en su decisión, tampoco ha sacado a nadie del hospital ni la ha llevado a otro lugar”.
Aseguró que la Iglesia lo único que hizo fue ofrecer un lugar seguro donde la niña pueda recibir cuidados. Asimismo, adelantó que se iniciarán acciones legales por agresiones a la propiedad de la CEB contra las personas que protestaron en el frontis de esa institución “y significativamente varios de los que estaban en la agresión llevaban chalecos de la Defensoría del Pueblo”. Inch apuntó que todas esas personas “ya están identificadas”.
ONU BOLIVIA: “TORTURA”
Por otro lado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) emitió un comunicado ayer en el que señala que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura”. Según ONU Bolivia, esos hechos son “manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”. Expresó su “preocupación ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años”.
PROTESTA
Colectivos de mujeres se apostaron ayer en puertas de las oficinas de la CEB, en la calle Potosí de la ciudad de La Paz, para protestar por la posición de la Iglesia de oponerse al cumplimiento de una sentencia constitucional que avala las ILE en casos de violación.
POLÉMICA
La niña de 11 años, víctima de un abuso sexual, resultó encinta abandonó en las últimas horas un centro médico y fue trasladada a un hogar que está administrado por la Iglesia católica, en Santa Cruz. Su familia rechazó la interrupción legal del embarazo.
