La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió “en parte” la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo, en una audiencia de acción de amparo constitucional sobre el caso de la niña de 11 años embarazada producto de la violación de su abuelastro.

En el primer punto de la parte dispositiva comunicada al ministro de Salud, Jeyson Auza, el vocal Israel Campero solicita la conformación de un “equipo del más alto nivel” para una “valoración integral de la menor”. Apunta que pueden estar ginecólogos, obstetras, psicólogos y pediatras.

“Desde luego, esta Sala no puede pronunciarse respecto a que prosiga o no la interrupción legal del embarazo, esa es una arbitrariedad, pero sí va a disponer que se genere el informe médico a partir de la conformación de la comisión”, señala el documento difundido por Unitel.

La Sala Constitucional da un plazo de 24 horas para la presentación de este informe a “quienes deben dar el consentimiento informado”.

“Queda claro que el Estado y, en este caso, el Órgano Jurisdiccional como parte del Estado, no puede lesionar ni sustraer la voluntad de los que deben dar el consentimiento informado como aparentemente lo ha hecho el Comité Médico compuesto por médicos administrativos y miembros de la Iglesia católica, hacerlo sería tanto como incurrir en el reproche que ha generado esta Sala Constitucional en esta audiencia”, versa la parte final del primer punto de la parte dispositiva.