TSJ y Consejo se disputan manejo de las auditorías
Esa Dirección tiene como autoridad máxima a un directorio en el Supremo
POLÉMICA. El edificio de la DGAF del Órgano Judicial cuya sede está en la ciudad de Sucre. Foto: Archivo El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura se disputan el manejo de la unidad de auditorías del Órgano Judicial, la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF), que, según hicieron notar los consejeros, actúa como “juez y parte”, pues en las adjudicaciones de grandes obras se hace a sí misma las auditorías.
Recientemente, el Consejo, por recomendación de la Contraloría General del Estado, creó una unidad de auditoría financiera con la contratación de profesionales especializados en el área, pero la DGAF, cuyo directorio está en el TSJ, bloqueó el presupuesto para ello alegando una supuesta duplicidad de instancias, según denunciaron los consejeros.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Consejo de la Magistratura tiene entre sus atribuciones la realización de auditorías jurídicas y financieras. Actualmente, esa instancia procede con auditorías a los expedientes a través de la unidad de Control y Fiscalización, pero aquellas dirigidas a la gestión financiera del Órgano Judicial no se efectúan por parte de auditores especializados.
El presidente del Consejo, Omar Michel, explicó que Control y Fiscalización tiene dos brazos: las auditorías jurídicas y las financieras, pero este último no está en funcionamiento y, para cumplir esta atribución, se creó una unidad.
Incluso hay instructivos de la Contraloría General que hacen referencia a la necesidad de que el control del manejo administrativo y financiero le corresponde al Consejo, y para eso debe crearse una unidad especializada, acotó el consejero Marvin Molina.
AUDITORÍAS
Hace dos años surgieron denuncias de sobreprecio en la construcción de casas judiciales. Algunas de ellas terminaron en procesos penales en contra de exfuncionarios administrativos, pero están a punto de quedar sin esclarecimiento en la vía jurisdiccional debido a que la instancia administrativa tiene en sus manos los informes de auditoría.
Los consejeros consideran que la DGAF es la que administra los recursos del Órgano Judicial, emite convocatorias y licitaciones para la construcción de casas de justicia, remodelaciones, compras de bienes, pero esa misma instancia tiene una unidad de auditoría y no permite el control económico y financiero, una potestad del Consejo de la Magistratura según el artículo 193 de la CPE.
En la DGAF, para cualquier información se tiene que solicitar la autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este diario hizo la consulta correspondiente al decano de esa institución, Esteban Miranda, quien refirió que es el Presidente del máximo tribunal de justicia quien debe brindar esa información.
ART 193 DE LA CPE
El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y la formulación de políticas de su gestión.
