Secuestrados en Guarayos fueron obligados a firmar un acta para ser liberados
El documento manuscrito cuenta con el aval de una notaría de San Julián
El acta que firmaron bajo amenazas los secuestrados en Guarayos. Foto: PÁGINA SIETE Periodistas, civiles y policías secuestrados en Guarayos fueron obligados a firmar un acta para ser liberados, se reveló en las últimas horas. Se trata de un manuscrito que fue avalado por una notaría.
Ocurrió el 28 de octubre cuando estas personas permanecieron secuestradas y torturadas en el predio de Las Londras, por un grupo de encapuchados a los cuales no se ha capturado.
En el documento que las víctimas suscribieron se comprometían a no volver a ese lugar y que los secuestradores quedaban como únicos dueños de la propiedad.
Quienes presionaron para conseguir la firma eran avasalladores de tierras, que estaban armados y encapuchados.
Los investigadores y la Fiscalía, así como las víctimas, consideran grave el hecho de que fueron obligados a firmar ese documento, que ahora es parte de las investigaciones del caso.
La defensa de las víctimas, Raquel Guerrero, calificó este hecho como otro delito gravísimo cometido en contra de la integridad de las personas, que se define como coacción en el Código Penal.
La jurista afirmó que los obligaron a firmar cuando estaban en total estado de indefensión y sometidas bajo un método característico de los cárteles del narcotráfico.
“Mientras nosotros estábamos controlados, ellos hicieron el documento, luego lo leyeron y nos liberaron alrededor de las seis de la tarde”, relató una de las víctimas.
El acta de compromiso señala que en fecha 28 de octubre de 2021 se dio un compromiso con las comunidades 24 de Septiembre, Chuchial, Bañadito y Los Tigres, entre ambas partes con el comandante Torrico de la Chiquitania y con la prensa: Unitel, Red Uno, ATB y El Deber. También indica que el acuerdo sea difundido a escala nacional y que, en lo sucesivo toda acción sea ejecutada bajo consenso con las autoridades competentes y comunidades.
Después de haberse firmado el documento, los encapuchados armados lo llevaron a la Notaría Nº 4 de San Julián para su registro, como si se tratara de un documento común y corriente con toda la legalidad del caso.
El Ministerio Público, a la cabeza del fiscal departamental Roger Mariaca, identificó la notaría y emitió requerimiento para que eleve los informes requeridos pero no obtuvo respuesta.
