La acusación fiscal en contra de la exsenadora Jeanine Áñez establece que ella asumió la presidencia del Estado de “forma inconstitucional” y sostiene que para ello se valió del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que habrían coadyuvado en este “objetivo inconstitucional”, según anunció el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe.
“Los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones (de) antes que (Áñez) se autoproclame presidenta, son anteriores al uso de la banda presidencial; por tanto, no se aplica el juicio de responsabilidades (…)”, interpretó Quispe ayer, en una conferencia de prensa.
Añadió que en dicha acusación se adjuntaron más de 70 pruebas y una veintena de declaraciones testificales que señalan a Áñez como la responsable del tipo penal acusado.
“Lo que se ha investigado es que Jeanine Áñez ha asumido como presidenta del Estado de forma inconstitucional, llegando a emitir llamamientos o convocar a miembros de las FFAA para que coadyuven en su objetivo inconstitucional”, añadió.
Dijo también que entre los acusados hay ocho miembros del Alto Mando Militar y Policial que actuaron de “manera inconstitucional” por haber obedecido a una senadora que emitía instrucciones. “Eso es lo que se está probando y eso es lo que se ha acusado”, enfatizó.
LA DEFENSA
Luis Guillén, abogado de Áñez, calificó de “irresponsable” la acusación del Ministerio Público, que fraccionó el proceso y dejó actos investigativos pendientes como la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de otros.
Cuestionó que en un país como Bolivia, donde hay un Tribunal Constitucional, sea un tribunal de jueces ordinarios el que vaya a juzgar a una expresidenta para resolver si existió o no una sucesión constitucional y si se dio una correcta aplicación de la Constitución.
“Este tribunal ordinario lo va hacer sin que exista un pronunciamiento del guardián de la Constitución, que es el TCP, y bajo la hipótesis de una comisión de ‘ilustrados’ fiscales que han resuelto el problema de la sucesión constitucional al momento de presentar la acusación. Es decir, ya no es una hipótesis, los fiscales resolvieron que es inconstitucional la sucesión sin que el TCP les diga que es inconstitucional”, sostuvo.
HAY PRUEBAS
La comisión de fiscales, luego de analizar y coleccionar evidencias testificales, documentales y periciales, estableció que existen elementos suficientes para sostener que Jeanine Áñez adecuó su conducta a los tipos penales de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
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