Abogados: Arresto de Marco Pumari es reflejo de “sumisión”
No cuestionan la investigación sino la forma cómo se ejecutó la aprehensión

La investigación de los casos Las Londras, Ítems Fantasmas, quema de bienes del TED Potosí, por citar solo algunos, son el reflejo de que el sistema judicial y Ministerio Público están sometidos al poder político y “no miden con la misma vara” todos los hechos: en unos demuestran mayor efectividad y en otros se demoran y terminan en sobreseimientos.
Es el criterio del Colegio Nacional de la Abogados de Bolivia (Conalab) y de juristas que están litigando en diferentes casos y saben del procedimiento.
Para el presidente del Conalab, Oscar Vargas, en la aprehensión del exdirigente y excandidato a la vicepresidencia Marco Antonio Pumari “hubo un uso desmedido de la fuerza policial” como si se tratara de un “vulgar delincuente” de alta peligrosidad.
“Creo que la magnitud de los delitos que se estaban investigando no ameritaba eso, mucho más si se trata de una persona pública, conocida y sin antecedentes de violencia, realmente nos lleva a pensar de que no estamos protegidos los ciudadanos contra los abusos tan graves que cometen las autoridades.
El abogado recordó que hace poco ya se observaron algunos “exabruptos” cuando un juez no disponía lo que solicitaba el fiscal, este disponía el apremio del juez cautelar por delito infraganti.
“Creo que se exceden algunos fiscales quizás ceden a presiones políticas o tienen que cumplir con algunos compromisos quizás también de carácter político”, sostuvo.
Para el presidente del Conalab, los casos Las Londras, Ítems fantasmas y Marco Antonio Pumari, no tienen el mismo tratamiento en la investigación. Solo en Las Londras, dijo que se vio gente peligrosa, armada, y ni la Policía ni la Fiscalía ordenaron el mismo despliegue de la violencia estatal cuando tendría que tener una acción más fuerte del Estado.
“En este tipo de decisiones no se está midiendo con la misma vara a todos y esos son síntomas de la crisis judicial en la que estamos, crisis del Ministerio Público, de la contaminación de los órganos del Estado con las decisiones del Órgano Ejecutivo”, puntualizó.
TRATAMIENTO DIFERENTE
El expresidente del Conalab, Arturo Yáñez, en entrevista con Correo del sur Radio FM 90.1, sostuvo que hubo “arbitrariedades” de la Policía que irrumpió en la sede del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) para la aprehensión de Pumari y lamentó que el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, esté convirtiendo a la institución en una “guardia pretorial” del Gobierno.
Yáñez ve que hay “una persecución selectiva de parte del Ministerio Público, salvando excepciones, es muy evidente”.
SOMETIMIENTO
El abogado constitucionalista Williams Herrera ve que los casos antes mencionados ponen a prueba al sistema judicial y sobre todo “el nivel de sometimiento del Poder Judicial al poder político” porque el caso Las Londras hay un solo detenido y por lo visto no pasará nada.
“En todos estos casos se ve la falta de independencia judicial, el sometimiento, en algunos casos la persecución política, la utilización del aparato judicial porque el Ministerio Público depende del Gobierno, estamos en un caso muy complejo terminando el año con estas cosas”, remarcó.
Según la Fiscalía, el caso de Pumari no es un tema político
Desde el Ministerio Público, el secretario general Edwin Quispe, aseguró que la detención de Pumari responde al proceso penal iniciado en octubre de 2019 por los daños a la infraestructura del TED en la ciudad de Potosí.
“Descartamos y descalificamos cualquier tipo de comentario que haga referencia a un tema político, y todo tipo de comentarios de que Pumari fue detenido ilegalmente, raya en el marco de lo falso ya que el proceso instaurado viene desde la gestión 2019 y existen elementos probatorios colectados con declaraciones testificales, evidencias audiovisuales que señalan como responsable de la organización, de la incitación a la sociedad de afectar al patrimonio del estado al señor Marco Antonio Pumari”, sostuvo el viernes.
Quispe dijo que los delitos por los que Pumari está siendo procesado son allanamiento, robo agravado, deterioro a bienes del Estado, obstrucción al proceso electoral y daño calificado.
El funcionario, rechazó cualquier vulneración de los derechos constitucionales de los investigados en este caso y acusó a Pumari y a su defensa de “apelar a la victimización”.
Señaló que el derecho a la protesta no puede ser una excusa para cometer un delito, no se puede a título de protesta afectar al patrimonio del Estado, contravenir la norma vigente, menos dañar un proceso constitucional en el país.
El Ministerio Público esperó dos años para conseguir “evidencias” que señalen a Pumari como presunto autor de la quema de bienes del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, a quien apuntan como el organizador y el incitador a la sociedad para afectar al patrimonio del Estado.