No resuelven tres hechos de supuesta corrupción
La Fiscalía cerró el proceso del fraude electoral y desde octubre de 2020 sigue el caso Golpe
¿CORRUPCIÓN?. La Casa de Justicia de Villazon, donde se denunciaron cobros de coimas. Foto: Archivo Los casos de supuesta corrupción en la DGAF del Órgano Judicial y la Agencia Estatal de Viviendas (AEVivienda), además de la presunta venta de cargos de jueces en Chuquisaca, se mantienen sin resolver; ni el Ministerio Público ni la justicia logran esclarecerlos. Pero en cambio sí cerraron con sobreseimientos otras denuncias como la de un fraude electoral y procesos por sedición contra Evo Morales y sus ministros. Además, impulsan otros como el del denominado “Golpe de Estado”.
El 19 de septiembre de 2019, el entonces director de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF), Roger Palacios, fue aprehendido por una supuesta coima de casi 1,5 millones de bolivianos para la construcción de la Casa de Justicia de Villazón, que fue denunciado por el empresario adjudicatario de esa obra.
El directorio de la DGAF, conformado por magistrados, anunció una intervención a esa institución por parte de la Unidad de Transparencia, pero nunca se conoció el resultado de esa investigación.
El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, tras destaparse este caso en la DGAF en 2019, dijo que en 2018 habían solicitado una auditoría a todos los procesos de contratación. Pero tampoco se conoció el resultado de estos.
Dos años después de la denuncia, el caso está con acusación en un juzgado de la capital. La defensa del acusado pretende cerrar este proceso con la aplicación de la Ley 390 de la justicia restaurativa y ahora todo está en manos del Viceministerio de Transparencia.
EL CASO AEVIVIENDA
En marzo de 2019, se denunció otro hecho de supuesta corrupción en la Agencia Estatal de Viviendas (AEVivienda) de Chuquisaca. Se trata de un presunto cobro de coimas por parte de su entonces director, Irineo Condori, en el que intervino incluso Héctor Arce, por aquellos días ministro de Justicia.
Si bien el caso está listo para un juicio, después de dos años y nueve meses, hasta la fecha no hay miras de esclarecimiento alguno.
COBROS EN EL CONSEJO
En febrero de 2020 se denunciaron supuestos cobros en el Consejo de la Magistratura por el nombramiento de 169 jueces, entre 15.000 y 25.000 dólares por cada designación.
La designación de postulantes con procesos penales y otras supuestas irregularidades tampoco fueron esclarecidas plenamente.
Este caso incluso llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional contra los ahora exconsejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, pero la investigación tampoco prosperó debido a rechazos en la comisión investigadora por supuestos sobornos a parlamentarios denunciados por el entonces diputado Amilcar Barral.
En los dos casos de supuesta corrupción, el Ministerio Público llevó a los involucrados a la cárcel. Como no pudieron mantenerlos presos por mucho tiempo con la Ley 1173 de abreviación procesal penal, estas personas fueron liberadas. La justicia aún no define su situación.
CASOS FRAUDE Y GOLPE
En hechos posteriores, como el caso del supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, que involucraba a vocales electorales y funcionarios del gobierno del MAS, el Ministerio Público optó por el sobreseimiento.
El caso del denominado “Golpe de Estado” de noviembre de 2019 fue reactivado por el Ministerio Público después de la victoria de Luis Arce en octubre de 2020. Cumplen detención preventiva la expresidenta Jeanine Áñez, algunos de sus ministros de Estado y exfuncionarios de Gobierno.
ÁÑEZ, “BANDERA”
El abogado constitucionalista Jaime Hurtado dijo que Jeanine Áñez es una especie de “bandera para el MAS y no van a cesar hasta que tenga una sentencia; al MAS le conviene tenerla enclaustrada, más que muerta, porque es su bandera de victoria y es una forma de generar miedo en la oposición y una señal de que nadie debe ir en contra del modelo del partido de gobierno”.
