La Fiscalía admitió denuncia e investiga a Esteban Urquizu
La adquisición debió hacerse mediante una expropiación y no una contratación
DENUNCIADO. El exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en una de sus audiencias. Foto: Archivo La denuncia penal en contra del exgobernador Esteban Urquizu y un grupo de asesores en su gestión, relacionada con los terrenos donde se construyó el aeropuerto de Alcantarí, fue admitida por la Fiscalía, que dio inicio a la etapa preliminar de la investigación para establecer si hubo o no irregularidades en el supuesto pago de más de 8 millones de bolivianos –sin constancia alguna– a los propietarios de esos predios.
La denuncia fue presentada por el gobernador Damián Condori y sus abogados en octubre de este año. Son acusados de la presunta comisión de varios delitos: Urquizu, la directiva de la Asamblea Departamental y otros funcionarios de alto rango, entre ellos: Jhonny Céspedes, Wilmar Aguirre, Juan Pablo Yucra, Juan Fabricio Vargas, Cristian Sanabria Durán, Justina Martínez Daza, Justo Molina Barrancos y Pedro Vela Condori.
Esta denuncia fue admitida y comenzó la investigación preliminar bajo el control jurisdiccional del Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Capital, dijo el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales.
Recientemente, la Gobernación se apersonó con una querella para constituirse en parte.
LOS HECHOS
Según la relación de los hechos, el 29 de junio de 2010 se decretó la Ley 001 “Ley de Prioridad Departamental de la Adquisición de Terrenos para la Construcción del Aeropuerto de Alcantarí”, norma que debía ser aplicada en el proceso de adquisición de los terrenos, pero, desconociéndola, el Gobierno departamental de aquel año habría pagado más de Bs 8 millones a propietarios de los terrenos, sin constancia alguna.
Según la ley, la adquisición de las 200 hectáreas de terrenos a favor de la entonces Prefectura de Chuquisaca se debía hacer vía expropiación y no así por contratación excepcional en contravención del Decreto Supremo 24624 del 20 de mayo de 1997, que declaró la necesidad y utilidad pública de la construcción del nuevo aeropuerto debiendo procederse con la expropiación.
Según la información de la Fiscalía, de los mencionados, se tomaron declaraciones informativas a Sanabria, Aguirre, Urquizu y Martínez.
¿DAÑO ECONÓMICO?
El secretario Jurídico de la Gobernación, Adolfo Martínez, dijo hace un mes, que según la auditoría, existe un daño económico de más de 8 millones de bolivianos y que están detrás de las pesquisas de las minutas de compra y venta. Entre los más de 150 vendedores encontraron una.
