Grupos que rechazan decretos de vacunación presentan una Acción Popular ante la justicia

Grupos que rechazan la obligatoriedad de la vacuna anticovid presentaron este lunes ante estrados judiciales una Acción Popular en contra de los decretos 4060 y 4061, que obligan a portar un certificado de vacunación o una prueba PCR para ingresar a lugares con aglomeración.

"Los decretos supremos 4640 y 4641 se constituyen decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales", manifestó el abogado Gabriel Justiniano, patrocinador de este recurso.

El recurso constitucional fue presentado por el presidente del Consejo Nacional Cristiano de las iglesias evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa; el exdirigente sindical Jaime Solares, además de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero. El abogado Justiniano indicó que también cuentam con el apoyo del Comité Cívico de El Alto.

 

VARIOS DERECHOS

Según el jurista, en este tema no se trata solamente del derecho a vacunarse, sino que se está defendiendo la libertad de las personas, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto y a la libertad de disposición sobre su cuerpo.

Alertó que con los decretos ya existen vulneraciones a derechos, como personas que son rechazadas de sus fuentes de trabajo o gente que no ha sido atendida en el sistema de salud pública o que no pudo retirar su dinero.

Con los decretos, desde este mes de enero el certificado de vacunación o bien la prueba PCR es requisito para ingresar a entidades públicas y a bancos, es decir, quien no tenga alguno de estos documentos no podría realizar trámites o transacciones presencialmente en dichas instituciones.

Según Justiniano, solo si una persona no quisiera vacunarse, se puede aplicar el criterio de que el derecho de una colectividad está por encima del de un individuo, pero en este caso sostuvo que son cientos de miles de personas que rechazan la vacunación, por lo cual también se trata de una colectividad.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, una Acción Popular procede contra "todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza".

El recurso debe ser resuelto por una Sala Constitucional.