Unos treinta activistas “antivacunas” amenazaron el martes con una toma violenta del diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, incluso empleando armas de fuego, en protesta por promover la vacuna obligatoria contra la covid-19, denunció este miércoles la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
La organización periodística rechazó las amenazas y reclamó a la Fiscalía la protección al trabajo periodístico, que está comprendido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Penal.
El martes 4 de enero, un grupo de hombres y mujeres realizaron una protesta en las puertas del medio impreso, interrumpieron las actividades administrativas y, durante una hora y media, lanzaron consignas que atribuyen a El Deber una alianza con el Gobierno a favor de la obligatoriedad del certificado de vacunación.
Durante su protesta, los manifestantes intentaron ingresar a la sala de redacción del medio impreso para ser entrevistados. A la hora de la protesta, los periodistas no se hallaban en las oficinas por las coberturas que deben realizar y otros cumplían su labor bajo la modalidad de teletrabajo, denunció la ANP.
Además, apuntó la ANP, amenazaron con la continuidad de sus protestas en los siguientes días hasta ser atendidos, y el personal de seguridad del edificio recibió amenazas con el ingreso violento a la empresa periodísticas, incluso empleando armas de fuego.
La ANP, que representa a los principales medios escritos de Bolivia, en ese marco, advirtió que el paso del discurso de hostilidad contra el trabajo periodístico a las agresiones físicas puede derivar en hechos violentos que pondrían en alto riesgo la labor de periodistas y medios de información independientes.
Recordó que el artículo 296 del Código Penal sobre delitos contra la libertad de prensa sanciona con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión.
La Constitución garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información en su artículo 106, y por ello la ANP pidió al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía un pronunciamiento frente a estos incidentes contrarios a la libertad de prensa.
El Grupo El Deber, al que pertenece el rotativo, informó que las demandas de sectores contrarios a la vacuna contra la covid-19 fueron difundidas en todas sus plataformas, así como las políticas que se generan desde los tres niveles de gobierno para la contención de la cuarta ola de contagios, “y mantendrá esta postura, como medio independiente, para informar lo relativo a la emergencia sanitaria”.
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