Caso Gases: Fiscalía presenta acusación y pide pena máxima para López, Murillo y otros siete implicados

El Ministerio Público, a través de la comisión de fiscales, presentó la acusación formal en contra de nueve personas involucradas en el caso Gases lacrimógenos, entre ellas figuran las exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López. Los dos exministro están declarados en rebeldía.

Dos de los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, seis del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

Además de los exministros, la Fiscalía acusa el ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, también declarados en rebeldía; el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López, el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho, el exdirector de Logística, Pedro Rea, la exdirectora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque, y el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera.

Considera que están involucrados en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, lo que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos.

“En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa”, explicó el fiscal general Juan Lanchipa, en una conferencia de prensa en Sucre.

Apuntó que la Fiscalía cuenta con una pericia de auditoria forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que “demuestra claramente el daño económico causado al Estado”.

La acusación formal fue presentada por la presunta comisión de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado, entre otros

La Fiscalía solicita una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión. “Además, se debe considerar las agravantes”, sostuvo el fiscal general.

Manifestó que, con la presentación de la acusación formal la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.