Caso Gases: La Fiscalía pide cárcel para Murillo y López
De los 9 acusados, 8 son exfuncionarios del Gobierno de Áñez y uno, de la empresa que está involucrada
ACUSADOS. Los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López Foto: Archivo El Ministerio Público sumó otro proceso penal con acusación formal en contra de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, además de otras siete personas sindicadas por la compra supuestamente irregular de gases lacrimógenos, provocando un daño económico al Estado de más de 16 millones de bolivianos. En su acusación la comisión de fiscales solicita una pena de 10 años para los implicados.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio a conocer ayer, jueves, que la comisión de fiscales presentó la acusación formal contra nueve personas involucradas en el caso Gases lacrimógenos, entre ellas figuran Arturo Murillo y Fernando López, ambos declarados en rebeldía.
Dos de los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, seis del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.
Además de los exministros, la Fiscalía acusa el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, también declarados en rebeldía; el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López, el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho, el exdirector de Logística, Pedro Rea, la exdirectora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque, y el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera.
CONTRATACIÓN DIRECTA
Considera que están involucrados en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, lo que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos.
Apuntó que la Fiscalía cuenta con una pericia de auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que “demuestra claramente el daño económico causado al Estado”.
La Fiscalía solicita una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados por estos delitos, que es de 10 años de prisión. “Además, se debe considerar las agravantes”, sostuvo el fiscal general.
Manifestó que, con la presentación de la acusación formal la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio.
REQUERIDOS
Para Arturo Murillo la Fiscalía dijo que a través de la Cancillería envió a Estados Unidos la solicitó de extradición y para Fernando López la notificación roja a través de la Interpol.
