La Fiscalía acusa formalmente a ocho implicados en el caso Respiradores españoles

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que la Comisión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares de la marca Respira Device de origen español.

“Los respiradores españoles al ser recepcionados no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos a causa del covid-19. Este proceso de compra inició el 8 de mayo de 2020; es decir, uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria devenida del contagio y propagación de la pandemia y la alta letalidad de la enfermedad”, detalló el fiscal Juan Lanchipa.

Los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Salud, de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y dos personas particulares.

• El exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas.
• El exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.
• El exdirector ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEN), Giovanni Pacheco.
• La encargada de Equipamiento de AISEN, Ana Fernanda Espinoza.
• La exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos.
• El ex cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja.
• El exadministrador de la regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, Fernando José Arias.
• El empresario Luis Fernando Humérez Ortiz, quien es conocido por haber sido presidente de la Liga Profesional de Fútbol y que en este caso habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.

Los delitos por los que se acusa a los exfuncionarios públicos son: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.

“Por todos estos delitos el Ministerio Público está solicitando sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de diez años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal”, indicó el Fiscal General citado en una de prensa.

La acusación formal se sustenta en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales, como irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 ventiladores, las conversaciones borradas que vinculan a los acusados, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la unidad de terapia intensiva ni para tratar pacientes críticos a causa del covid-19.

Asimismo, la autoridad agregó que los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, pese a observaciones que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran “muy básicos” para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, que se contaba con otra oferta de menor costo de la empresa boliviana Cosin Ltda. que ofrecía cada ventilador a $us 13 mil.

El proceso de compra directa de los ventiladores se dio por un monto de más de $us 4 millones de dólares, de cuáles se pagó a empresa española la mitad, es decir más de dos millones, ya que el proceso fue paralizado porque no cumplía con la especificaciones y por falta de accesorios. El precio unitario de cada ventilador acordado es de 28 mil dólares, aproximadamente.

El Fiscal General explicó que, para dar celeridad al juicio, se decidió desdoblar el caso y procesar por separado a implicados que están fuera del país, entre ellos los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarrasa de la empresa española IME Consulting, que fue intermediaria en la contratación, y el abogado Walter Zuleta, quien estaría en Perú y era parte del esquema de contactos.