Fiscalía acusa a ocho personas por el caso de los respiradores
El daño económico ocasionado al Estado por el negociado fue de más de Bs 15.4 millones
EVIDENTE. Los respiradores españoles no cumplían con las especificaciones y técnicas. Foto: Archivo La Fiscalía presentó acusación formal contra ocho personas, incluido el exministro de Salud, Marcelo Navajas, por el caso respiradores españoles y solicitó una condena de 10 años de cárcel.
En esta causa se investigó la adquisición de 170 ventiladores de la marca española Respira durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La Fiscalía estableció que los equipos no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor y, además, no eran aptos para la unidad de terapia intensiva y tratar pacientes críticos a causa del covid-19.
El daño económico al Estado asciende a más de Bs 15.400.000, indicó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Los delitos de la acusación son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y otros.
El Fiscal General explicó que, para dar celeridad al juicio, se decidió desdoblar el caso y procesar por separado a implicados que están fuera del país, entre ellos los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarrasa de la empresa española IME Consulting, que fue intermediaria en la contratación, y el abogado Walter Zuleta, quien estaría en Perú y era parte del esquema de contactos.
El caso de los respirados españoles se conoció en mayo de 2020, cuando se identificó que había un sobreprecio en la compra de los 170 respiradores hospitalarios de España.
Entre las pruebas está la auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 ventiladores, las conversaciones borradas que vinculan a los acusados, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la unidad de terapia intensiva ni para tratar pacientes críticos a causa del covid-19.
ACUSADOS
El exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas.
El exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.
El exdirector ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEN), Giovanni Pacheco.
La encargada de Equipamiento de AISEN, Ana Fernanda Espinoza.
La exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos.
El ex cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja.
El exadministrador de la regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, Fernando José Arias.
El empresario Luis Fernando Humérez Ortiz, conocido por haber sido presidente de la Liga Profesional de Fútbol.
