Cívicos y mineros se enfrentan en corte

Los dirigentes del Comité Cívico Potosinista y los actores mineros se enfrascaron en una batalla legal durante casi diez horas en la audiencia de Acción Popular planteada ante la Sala Constitucional II del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

A través de sus abogados, los dirigentes cívicos plantearon la defensa del Cerro Rico, el cual ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco, en inglés).

En el recurso legal se apunta que las labores mineras, en especial las que se hallan por encima de la cota 4.400, constituyen un serio riesgo para la estabilidad del yacimiento minero y demandan paralizar los trabajos y ordenar a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que ejecute un plan de reubicación de las labores productivas.

Se destacó el alto nivel de deterioro por la cantidad de hundimientos, que pasan los 200, y el nivel de fractura de la roca de la parte alta, y solicitaron que, en defensa del interés del pueblo, se frene esto. Los impetrados respondieron que cuentan con contratos otorgados por la Comibol, administradora del yacimiento llamado “La Boliviana”.

Remarcaron que muchos cuentan con contratos desde antes de la Ley Minera y, por tanto, sus labores son consideradas como “preconstituidas” y no pueden ser consideradas ilegales.

Uno por uno, los asesores legales y dirigentes de las cooperativas impetradas argumentaron la legalidad de sus acciones y solicitaron que se deniegue la tutela en la Acción Popular. Los impetrantes dijeron que una causal para suspender los contratos es la falta de manifiestos ambientales.

Los mineros argumentan que desarrollan sus labores porque cuentan con toda la documentación y gozan de sus contratos en el margen de lo que dice la Constitución, por ser uno de los actores económicos reconocidos.