Magistrados ven afanes de “golpe” al Órgano Judicial

Frente a las iniciativas que han surgido en las últimas horas, en sentido de un acortamiento del mandato de sus actuales autoridades, el Órgano Judicial se considera víctima de un intento de “golpe institucional”.

“La forma de elección de los altos tribunales del Órgano Judicial es producto de un pacto social y político histórico en el país y, mientras nuestra Constitución no cambie, esta forma de elección es vigente. El hecho de pretender acortar mandato o hablar del descabezamiento del Órgano Judicial a través de sus diferentes tribunales obedece a la desinstitucionalización y a un golpe institucional”, declaró ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres.

En su criterio, se pretende sacar “ventaja política” al informe del relator de la ONU, Diego García-Sayán, que entre sus recomendaciones observó la baja legitimidad del sistema de elección de altas autoridades judiciales en Bolivia y una falta de independencia.

“VENTAJA POLÍTICA”

Pero, también indicó que con este argumento se busca “descabezar al Órgano Judicial con un discurso de contenido altamente político-partidario”, y que esto supondría una violación a la Constitución Política del Estado.

“Los actores políticos están en la lógica de sacarle ventaja política a este informe preliminar del Relator; pretender darle una estatuilla del triunfo político en el descabezamiento del Órgano Judicial, eso es inconstitucional, eso es atentar contra la institucionalidad del Órgano Judicial. La forma de elección y de los altos tribunales es producto de un pacto social, político e histórico en el país”, enfatizó.

VISITA POSITIVA

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, destacó como positivo el resultado de las visitas del Relator y dijo que hay una coincidencia en el pedido de un mayor presupuesto para incrementar la cantidad de ítems de jueces en el país.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en su último ampliado nacional, determinó exigir el cambio del fiscal General, Juan Lanchipa, y elecciones judiciales anticipadas este año, lo que implicaría el acortamiento del mandato de las autoridades judiciales, fijado hasta el 31 de diciembre de 2023. 

“AJUSTES”

García-Sayán presentó el martes nueve conclusiones preliminares de su visita a Bolivia, entre las que concluyó que la justicia está “lejos de la gente” y sugirió algunos “ajustes” al actual sistema de elección de magistrados, que se basa en el voto popular.