Caen más jueces por liberar a feminicidas y violadores. Ayer fueron aprehendidos dos: el juez cautelar de Santa Cruz, Manuel Baptista, denunciado por liberar a un menonita sentenciado a la pena de 25 años de prisión por una violación, y el juez 2º de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz, Hernán G.Q., por la liberación irregular de una sentenciada por asesinato.
El domingo 6 de marzo, el que fuera juez Primero de Ejecución Penal, Manuel Baptista, resultó aprehendido por la Unidad Anticorrupción debido a su decisión de liberar a Abraham Peters Dick, uno de los nueve menonitas que en 2009 violó a 150 mujeres en la colonia Manitoba de Santa Cruz.
El juez Baptista, obtuvo anoche, detención domiciliaria y arraigo al igual que los otros aprehendidos supuestamente de haber participado en la liberación irregular de un sentenciado.
El menonita Abraham Peters Dick fue recapturado la semana pasada luego de salir en libertad por una decisión judicial, pese a que tiene una sentencia de 25 años sin derecho a indulto.
Por este caso, la Fiscalía informó que, al margen del menonita violador, ya fueron aprehendidas cuatro personas: el juez Baptista, dos abogados –uno de ellos Juan Carlos Suñagua Pocoaca– y el director del hospital de drogodependientes Alfredo Negrete Ríos, que otorgó un certificado de drogadicto al acusado.
Así lo informó ayer, lunes, el director de Gestión Fiscal de la Fiscalía General del Estado, Roberto Almendras, al indicar que el Ministerio Público pondrá a estas personas frente a un juez de medidas cautelares en las próximas horas.
“Ha sido totalmente prevaricadora la resolución del juez de Ejecución Penal de Santa Cruz, doctor Baptista, contra quien ya se abrió un proceso penal y en las próximas horas será puesto a disposición del juez cautelar”, enfatizó.
Cuestionó que haya valorado un certificado de drogadicción, sin que este sea un requisito establecido en la Ley de Ejecución Penal para beneficiar al sentenciado por violación múltiple.
Además, dijo que “se ha aprovechado la cuarentena rígida” para emitir este tipo de resoluciones. Esta irregularidad fue detectada en la intervención a los juzgados de Ejecución Penal de todo el país a partir del caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores.
OTRO JUEZ
Por otro lado, la Fiscalía determinó la aprehensión del juez 2° de Ejecución en lo Penal de la ciudad de La Paz, Hernán G.Q., por liberar irregularmente a un sentenciado por asesinato.
Con este caso, ya suman seis los jueces de ejecución penal investigados y aprehendidos. Rafael Alcón, Abraham Aguirre, José Ayaviri, Manuel Baptista y Hernán G.Q. También está investigada la jueza Patricia Mendoza Murillo.
El juez 2º de Ejecución Penal es acusado por usar el mismo “modus operandi” del exjuez Alcón, puesto que dio detención domiciliaria a una mujer sentenciada a 30 años de cárcel por asesinato.
Según la Fiscalía, dicho juez otorgó ese beneficio el 31 de diciembre de 2021 sobre la base de un certificado médico que indicaba que la sentenciada tendría artrosis, cervicomialgia cervical y síndrome ansioso depresivo.
7.000 DÓLARES
El informe policial sobre este caso, que fue entregado al Ministerio Público, señala que el psicólogo recibió $us 7.000 para favorecer a Abraham Peters Dick con dicho diagnóstico.
El juez cautelar Primo Flores, anoche, después de nueve horas de audiencia a puerta cerrada, dispuso la detención domiciliaria y arraigo para tres aprehendidos, supuestamente, por haber participado en la liberación irregular del menonita.
El TJS garantiza debido proceso para los jueces
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, en entrevista con CORREO DEL SUR, advirtió que “tendrán que preocuparse” los jueces que actuaron de forma indebida y que ilegalmente favorecieron a algunos sentenciados, pero también abogó por que sean procesados respetando el debido proceso, porque se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.
“Todo ciudadano boliviano tiene los derechos amparados en la CPE y se debe presumir su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Lo que no significa impunidad, que no se la pueda aprehender, investigar; puede recaer sobre él una medida cautelar como es la detención preventiva”, agregó.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, dijo que esta institución continuará con las diligencias preliminares para seguir con el proceso penal contra el juez que indebidamente liberó a la persona acusada de violación serial en Santa Cruz.
La Asociación de Magistrados de Santa Cruz expresó su respaldo al juez Baptista “ante la persecución ilegal por la supuesta emisión de una resolución, por lo que exigimos respeto de sus derechos y garantías constitucionales” para que sea procesado en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución.
“Todo el apoyo institucional a nuestro colega Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal 6º de la capital, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz”, señala el pronunciamiento.
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