El TCP recibió 7.204 causas hasta diciembre de 2021
La institución llevó adelante este viernes su rendición pública de cuentas

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recibió durante la gestión 2021 unas 7.204 causas entre acciones tutelares, declaraciones constitucionales, estatutos autonómicos y, por primera vez desde el inicio de sus funciones en 1998, unificó las líneas jurisprudenciales en varias temáticas para otorgar certeza y seguridad jurídica para la población y decidió priorizar el sorteo de casos vinculados a la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Estas acciones fueron destacadas por el presidente del TCP, Paul Franco, este viernes, en el informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2021, que por segundo año se desarrolló de forma virtual.
Franco dijo que el TCP recibió 7.204 causas en las tres salas y la sala especializada, entre resoluciones de acciones tutelares y normativas, autos constitucionales y declaraciones constitucionales sobre Proyectos de Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos, y emitió sentencias constitucionales.
“Por primera vez desde el inicio de sus funciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha unificado las líneas jurisprudenciales con el fin de otorgar certeza y seguridad jurídica para la población, emitiendo en cumplimiento de su potestad de unificar la doctrina constitucional, la resolución 01/2021 de 17 de junio”, destacó.
La autoridad destacó que la Sala Plena, basada en los estándares de protección de niñas, niños y adolescentes, determinó priorizar el sorteo de casos vinculados a la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, y sobre todo la resolución de causas en las que se encuentra este sector vulnerable.
En el acto de Rendición de Cuentas Final 2021 del TCP participaron a través de la plataforma zoom, las magistradas y magistrados de la institución, autoridades del Órgano Judicial, del Órgano Ejecutivo y representantes de diversos sectores sociales, evento en el que se realizó la suscripción del Acta que da fe del cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 241 parágrafo II y la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción.