“Existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la MAE, el RPC, los miembros de la comisión de evaluación de propuestas y de la comisión de recepción que suscribe como satisfactorio el proceso de invitación, evaluación y recepción conforme se evidencia en el presente informe”.
La MAE es la Máxima Autoridad Ejecutiva, el RPC es el Responsable de Procesos de Contratación y el informe del que se extrae ese párrafo es el que emitió la Procuraduría General del Estado (PGE) luego de haber investigado el fallido proceso de compra de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí. La MAE es el gobernador, Jhonny Mamani, informó El Potosí.
El documento, que fue filtrado a los medios el fin de semana, es el Informe Procuradurial No. 004/2022 de la PGE, que lleva la firma del procurador, Wilfredo Chávez, con fecha del 11 de marzo. Está dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia de la Gobernación de Potosí, Oscar Gilamita. Durante el fin de semana, El Potosí intentó comunicarse, sin éxito, tanto con este funcionario como con quienes trabajan en la Dirección Departamental de la PGE. Cuanto más, se pudo verificar que la firma que aparece al final es igual a la que aparece en otros documentos como la de Chávez.
IRREGULARIDADES
El informe observa directamente al contrato porque “existirían indicios de que el mismo es irregular e ilegal, siendo que para su celebración se aparta de los principios y directrices otorgadas por el DS No. 0181” (de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios).
En otras irregularidades que puntualiza el documento se señala:
“Existirían indicios de que la empresa que se adjudicó la invitación directa no cumplía con los requisitos mínimos para adjudicarse la adquisición, ni mucho menos para efectuar la firma del contrato administrativo, toda vez que no contaba ni siquiera con un Número de Identificación Tributaria (NIT)”.
Más adelante señala que las contrataciones directas normadas en el D.S. 4432 “son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante, sin embargo se designa la atribución al Responsable de Procesos de contrataciones como responsable de contratación directa, contraviniendo la normativa señalada”.
CONCLUYENTE
“Se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de 41 ambulancias que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el gobernador de Potosí”, según el informe de la PGE.
Si deseas más información puedes suscribirte a nuestros canales oficiales:
- Telegram: t.me/correodelsur
- Correo del Sur: youtube.com/channel/UCIgwkZ2rPCRL1iSJ8SFZMQg
- Correo del Sur Radio: youtube.com/channel/UCYwh3tSpBPcEuukQFKC08pA
También nos puedes visitar en Facebook | Twitter | Instagram
