Justicia aclara que no se prevé reponer la ley contra legitimación de ganancias

El ministro Iván Lima se refirió a la modificación del tipo penal de terrorismo en la firma de convenio entre el Gobierno y la CIDH para cumplir las recomendaciones del GIEI-Bolivia

El ministro de Justicia, Iván Lima.  El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: Captura de video

Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Seguridad / 22/03/2022 23:18

La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, rechazada en varias movilizaciones y anulada en octubre pasado, no volverá a ser debatida en la Asamblea Legislativa, según aclaró la noche de este martes el gobierno de Luis Arce.

Luego de las declaraciones del ministro Iván Lima sobre la modificación del tipo penal de terrorismo que –según la autoridad– estaba en la ley anulada, el Ministerio de Justicia desmintió que se restablezca el debate sobre esta norma en el Legislativo.

Esta cartera de Estado aclaró además, mediante un comunicado, que Lima anunció que la modificación de este tipo penal (terrorismo) se encuentra en proceso de análisis en la Udape (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) y en el Conape (Consejo Nacional de Política Económica).

También replicó las declaraciones que el Ministro vertió sobre este tema durante la firma de convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno nacional, para instalar la mesa de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Recuerdan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, ahí ya incluíamos un proyecto (de modificación del tipo penal de terrorismo), ahora lo hemos repuesto el proyecto en Udape y en el Conapes y pronto va a haber el trabajo con la Asamblea Legislativa para cumplir este mandato”, señaló Lima.

“Vale decir que la autoridad sólo se refirió a la reforma del delito de terrorismo”, agrega el Ministerio de Justicia en una nota institucional.

La ley de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas fue abrogada por el Gobierno en octubre de 2021, tras el rechazo de gremiales minoristas, profesionales, comités cívicos y choferes.

Entonces, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la abrogación fue decidida para evitar una convulsión social, ya que las marchas y protestas se habían masificado en el país.

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