Decreto presidencial otorgará indulto a mujeres que están en la cárcel con sus hijos
El ministro de Justicia, Iván Lima, estima que la norma beneficie a 60 menores de edad

El Gobierno nacional tiene previsto para este mes aprobar un indulto que beneficie a 60 mujeres para que sus hijos dejen de vivir al interior de las cárceles de Bolivia, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Queremos ver que esas madres que están con sus hijos reciban un indulto, tenemos 60 niños en las cárceles, este mes (abril), quisiéramos que nuestro Presidente (Luis Arce) pueda aprobar un indulto para las que no han cometido delitos graves o por situación vulnerable, han cometido algún delito”, afirmó la autoridad del Gobierno nacional.
Lima precisó que el beneficio será mediante un decreto presidencial, que luego deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Agregó que, por ahora, se analiza cada uno de los casos y 30 ya cuenta con el aval.
Adelantó que, por abril, mes en el que se conmemora el Día del Niño, también se harán cambios importantes en el Código de la Niñez de protección.
Lima estuvo en la Cámara de Diputados para explicar la ley de Fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción, que agrava sanciones a consorcio de fiscales y jueces e impide la salida de cárceles a violadores y feminicidas sentenciados.
“Se va a poner un candado en la ley, también se vio la necesidad de subir la pena para aquellos malos jueces, para abogados en consorcio, médicos, trabajadores sociales que cometían estos delitos, las penas eran bajas”, afirmó Lima.
El proyecto de ley será analizado por los diputados la tarde de este martes. “El mensaje de esta ley es decirles a los vocales y magistrados que no tramiten las apelaciones en meses, en años, que la corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia) dicte rápidamente las decisiones ese es el camino que está marcando esta ley”, sostuvo la autoridad.
La nueva ley que elaboró el Gobierno prevé modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la ley de Ejecución Penal. Entre las modificaciones resaltantes está el incremento de años de cárcel por prevaricato y consorcios, entre 5 y 10 años. Los fiscales también podrán ser denunciados por este delito.
Lo sentenciados deberán cumplir detención preventiva y la liberación procederá sólo cuando se reporte enfermedad terminal, entre otros.