Fondo Indígena: ¿Qué fue de dirigentes y autoridades involucrados en el escándalo?

Tras la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, único encarcelado por el millonario desfalco a la institución que él mismo denunció, ¿qué queda del caso? 

LAS CIFRAS

El caso estalló en 2015. Más de 2.000 personas fueron involucradas en el manejo irregular de 1.100 proyectos y un posible daño de casi 200 millones de bolivianos, según notas de archivo.

La oposición cuestionó al gobierno de Evo Morales por permitir que Bs 685 millones se depositaran a 968 cuentas particulares de autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS.

Hace dos años, Aramayo reveló que 4.400 dirigentes afines al MAS fueron beneficiados con Bs 729 millones.

ROSTROS

La entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, del entorno de confianza de Morales, fue imputada en 2016 por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; fungía como presidenta del directorio del Fondo Indígena.

Estuvo en la cárcel paceña de Miraflores de agosto de 2016 a noviembre de 2017. En diciembre de 2019, regresó al penal, a solicitud del demandante exdiputado y exdirigente Rafael Quispe. En julio de 2020, Achacollo volvió a conseguir su detención domiciliaria en Montero y en noviembre de 2020, la justicia la dejó solo con arraigo y fianza. En medio, el fiscal Anghelo Saravia, después condenado por extorsión, acusó al exfiscal general Ramiro Guerrero y al actual presidente del Tribunal Constitucional Paul Franco de presionarlo para liberarla.

La entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras Julia Ramos también estuvo en la cárcel, en Obrajes, mas luego se benefició con detención domiciliaria, que le fue suspendida en junio de 2021.

Felipa Huanca, exejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y excandidata a la gobernación de La Paz por el MAS, figuró en la lista de proyectos que la Contraloría denunció por recibir desembolsos sin concluir o ni siquiera comenzar la obra.

Huanca recibió Bs 99 mil para el proyecto Ayni Productivo “Bartolina Sisa”. Aseguró que presentó su descargo en 2011 y culpó a los técnicos de no procesarlo.        

En febrero de 2020 fue aprehendida, denunciada por intento de fuga, pero luego logró su libertad pura y simple.

Este caso fue seguido por Quispe, quien terminó denunciado y sentenciado por acoso político.

Luis Arce. Con la salida de Morales del poder y la asunción de Jeanine Áñez, Quispe asumió en 2020 la Dirección del Fondo de Desarrollo Indígena. La Fiscalía dio curso a su pedido de investigar al entonces candidato a la presidencia del MAS; en 2015, Arce era ministro de Economía y miembro del directorio del Fondo. Arce nunca declaró como sindicado.

Lidia Patty, entonces dirigente de las Bartolinas y ahora exdiputada, fue acusada en marzo de 2021 de haber recibido Bs 1,5 millones por dos proyectos productivos para la provincia Bautista Saavedra de La Paz. Ella dijo que no se concluyeron y responsabilizó a exdirectores. Ambos proyectos están “con observaciones parciales que generan posible daño económico”.

Melva Hurtado, líder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín al MAS, fue encarcelada en Miraflores en diciembre de 2015 y liberada en 2017; estaba entre los dirigentes señalados por tener mayor influencia en el Fondo Indígena.

Juanita Ancieta, ejecutiva de las Bartolinas en 2015, también fue vinculada al desfalco. En 2020, Quispe dijo que había una orden de aprehensión en su contra, pero no se ejecutó.

Chávez, Condori... Otros dirigentes involucrados fueron el ahora exlíder de la Cidob crítica al Gobierno, Adolfo Chavez, sentenciado, y el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, disidente del MAS y exejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia, enviado preventivamente al penal San Pedro, donde permaneció desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2017, pese a devolver recursos de un proyecto no ejecutado; ya entonces se había alejado del oficialismo.

¿QUIÉNES DECIDÍAN?

El Fondo tenía un directorio como máxima instancia de decisión, al que el Gobierno y el MAS liberaron de responsabilidad.

Formaban parte las confederaciones de Campesinos, Interculturales, Bartolinas, el Consejo de Ayllus, la Cidob y la Asamblea del Pueblo Guaraní, además de los ministerios de Desarrollo Rural, de Planificación, de Producción, de Economía y de la Presidencia.

¿A QUIÉNES ENCARCELARON?

La principal culpa recayó en los directores ejecutivos Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, detenidos; Daniel Zapata se fugó. Los dos primeros aseguraron que el directorio sabía todo y que los dirigentes presionaban por los proyectos.

Según información última de ANF, Parra seguiría detenida.