Fondioc: No se recuperó ni el 1% de $us 182 millones desfalcados

Mientras la Fiscalía es blanco de críticas por el manejo del caso Fondioc y minimiza la cantidad de procesos que pesaban contra el denunciante Marco Antonio Aramayo, el sistema judicial en general sigue siendo cuestionado fuera de las fronteras, y por el escándalo de corrupción solo se recuperó el 0.8% del total de fondos depositados a cuentas de dirigentes de sectores sociales.

El exejecutivo de Fondioc falleció por fallas multiorgánicas, después de siete años de encierro en la cárcel.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) optó por guardar silencio, el Consejo de la Magistratura apuntó al Ministerio Público como entidad acusadora en los procesos penales, y este a su vez anunció que los procesos por el desfalco millonario al Fondo Indígena continúan vigentes en contra de otras personas involucradas tras la muerte de Aramayo.

Durante la jornada de ayer, no se pronunciaron el expresidente Evo Morales ni el actual mandatario Luis Arce; en la gestión del primero se destaparon estos hechos de corrupción que involucran a altos dirigentes de filas del MAS.

RECUPERAN $US 1,4 MILLONES 

El Estado boliviano, hasta la fecha, recuperó 1,4 millones de dólares del desfalco al Fondo Indígena luego de casi 10 años del escándalo de corrupción, informó ayer en conferencia de prensa el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, quien indicó que el objetivo es “recuperar la mayor cantidad de dinero posible”.

Afirmó que existen 59 procesos activos, de los cuales 31 están del “señalamiento de día y hora de juicio oral”.

Si bien Quispe mencionó que todavía se cuantifica el daño económico al Estado por este caso, anteriormente se informó sobre más de 100 millones de dólares.

Según investigaciones del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, y de la Fundación Pazos Kanki citadas por El Deber, el daño económico alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos. Es decir, que los 1,4 millones equivalen al 0,8% de los 182,7 desfalcados.

“Lo que se busca es recuperar la mayor cantidad de dineros posibles a favor del Estado boliviano, en este momento tenemos 1,4 millones de dólares que se han recuperado y será conforme avancen las sentencias condenatorias que se vayan recuperando mayores activos”, sostuvo.

PERSONAS NO HABIDAS 

La Fiscalía de La Paz atribuyó la demora en las investigaciones a que existen más de 400 implicados, entre quienes hay personas no habidas a las que se no se les puede procesar en rebeldía.

“No se ha podido concluir con la investigación debido que estas 400 personas no han sido habidas en su momento. Los lineamientos jurídicos, que en su momento nos da el Tribunal Constitucional, nos señala que no podemos juzgar a una persona en rebeldía y es esta circunstancia que pues ha ocasionado que podamos demorar en estas investigaciones”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave. 

Negó que existan 250 procesos contra Aramayo, como se maneja desde su defensa, e indicó que se hizo la revisión y se identificaron 96 procesos.

Explicó que en esos 96 procesos, de manera general, están más de 400 personas sindicadas en varios proyectos, incluyendo a la exministra Nemesia Achacollo. Afirmó en estos casos, ya existen algunos con acusación.

Alave señaló también que en el caso de Aramayo, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, se debe extinguir los procesos en su contra debido al fallecimiento. Señaló, sin embargo, que seguirán las investigaciones contra los otros implicados como Achacollo.  

En el caso Fondioc se investiga el desembolso de recursos públicos a nombre de representantes de organizaciones sociales, quienes en muchos casos que no ejecutaron proyectos que debían materializarse.

57 CÁRCELES

“En total, Marco Aramayo estuvo recluido en 57 cárceles y carceletas de todo el país”, aseguró su abogado defensor, Héctor Castellón en entrevista con Página Siete.

LIBERADOS

Luego de la muerte de Marco Aramayo, se conoció que toda la cúpula de exautoridades y dirigentes del MAS quedaron en libertad, unos con medidas sustitutivas y otros con libertad irrestricta, dentro del desfalco a la institución indígena, reveló el exfiscal asignado al caso entre 2015 y 2016, Ánghelo Saravia.

DENUNCIA PENAL

La bancada de Comunidad Ciudadana anunció ayer, miércoles, el inicio de una demanda penal en contra de los operadores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Régimen Penitenciario y los querellantes de parte del Gobierno tras la muerte del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo. 

“Nuestros diputados van a hacer el seguimiento a este informe del Instituto (ITEI) y sobre esa base vamos a presentar una denuncia penal, para que estos operadores del Ministerio Público, de Régimen Penitenciario, la justicia y los querellantes del Gobierno, que en su momento han activado estos procesos, rindan cuentas ante la justicia”, manifestó el jefe de la bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón.

El legislador dijo que se evidencian indicios de vejaciones y tortura contra Aramayo en el informe del ITEI sobre su fallecimiento.

Asimismo, remarcó que el hecho de que la exautoridad estuviera afrontando 95 procesos penales y siete años de detención preventiva ya es una vejación y tortura.

REFORMA JUDICIAL

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, tras el fallecimiento de Marco Aramayo dijo: “Urge trabajar en una reforma estructural de la justicia. No comprendemos que Aramayo llegó a fallecer por un sinnúmero de demandas. Pediremos un informe al Órgano Judicial”.

ES IRRACIONAL

El solo hecho de que tenga 95 procesos penales ya es irracional, cuando podían haber acumulado en unos 3 a 5 casos y no abrir 95 en todo el país generando una tortura psicológica y física, dijo el exmagistrado, José Antonio Ribera.

INVESTIGACIÓN

El presidente de la Dirección Municipal del MAS, Hernán Ayllón, lamentó la muerte de Marco Aramayo y rechazó los dardos de la oposición contra el oficialismo por ese hecho. "La justicia tiene que investigar. Nosotros nada tenemos que ver, como estructura política, en la muerte y maltrato”, dijo el dirigente político.

Fiscalía aclara que hay 59 procesos activos y tres con sentencias condenatorias

Marco Antonio Aramayo no tenía 250 procesos eran 95, de los cuales 36 fueron cerrados, 34 con rechazos y dos con sobreseimiento, dijo ayer, lunes, el secretario del Ministerio Publico, Edwin Quispe, al rechazar cualquier tipo de favorecimiento a la impunidad por parte de los fiscales.

“Respecto a que las opiniones erróneas de algunos autores políticos sobre que hubieran existido más de 200 procesos en contra de Marco Antonio Aramayo, lo califico como falso, debido a que el Ministerio Público registró 95 procesos, de los mismos 36 fueron cerrados, (34 con rechazo y dos con sobreseimiento), lo que quiere decir es que tenemos un total de 59 procesos activos. Queremos descalificar cualquier situación de presunto favorecimiento a la impunidad, nos parece totalmente irresponsable por parte de las autoridades políticas que se pronunciaron sobre el tema”, dijo Quispe.

Señaló que Aramayo contaba con tres sentencias condenatorias en su contra: una en Tarija en la que debía cumplir ocho años de reclusión; en Santa Cruz, con una condena de cinco años; y en Oruro tres años y cuatro meses, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Asimismo, dijo que actualmente 59 procesos están activos; 31 en etapa de juicio, procesos que están sujetos a control jurisdiccional para que se lleve adelante el juicio oral público y contradictorio.

“En etapa preliminar y preparatoria el Ministerio Público tiene 24 procesos, que son procesos complejos porque son delitos que tienen bastante contenido financiero y económico, por lo tanto, se deben hacer pericias y estudios minuciosos en cuanto a la forma del manejo económico que se tuvo en el Fondo Indígena”, acotó.

Explicó que dentro del caso no solamente estaba siendo procesado la exautoridad del Fondo Indígena, sino también “muchas personas”, que ya fueron convocadas y que están siendo procesadas e investigadas.

“No solamente ha sido Aramayo quien estuvo sujeto a medidas cautelares y, en este caso, ya con vistos a cumplir sentencia condenatoria, quiero recordar que en esta misma situación de detención preventiva se encontraba la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y otras personalidades como el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. De los 59 procesos, más o menos, tenemos por cada uno un promedio de tres a cuatro personas involucradas y todas están siendo sujetas a control jurisdiccional”, acotó.

Negó que hubiese retardación de justicia, ya que el Ministerio Público –señaló– “logró tres sentencias condenatorias y en curso se encontraban 39 juicios, así como sentencias condenatorias.

REVISIÓN DE PROCESOS

Quispe dijo que se dispuso que el área correspondiente realice un seguimiento y revisión de los procesos y, de identificarse algún tipo de incumplimiento de plazos, se activará el régimen disciplinario respectivo.

Consultado por una investigación sobre la muerte de Aramayo, aclaró que la Fiscalía, investiga los decesos de muertes violentas y que a la fecha no se tiene ningún tipo de denuncia al respecto.

Elvira Parra, exejecutiva del Fondo Indígena, encarcelada desde hace siete años

La exdirectora ejecutiva del extinto Fondo Indígena, Elvira Parra, está recluida hace siete años por el desfalco millonario en la institución, en este periodo padece de diabetes y afronta 180 procesos penales; en entrevista desde la cárcel acusó de la corrupción institucional a su sucesor Daniel Zapata, quien está prófugo.

“Estuve sanita cuando entré, pero la pena, la preocupación, los años, ya tengo enfermedad de diabetes, presión alta, no es fácil, es un lugar que no es tampoco bonito vivir porque el problema aquí, a veces no hay buena alimentación; también la familia misma, los hijos y tantos procesos que a uno le preocupan, porque a mí me han metido más de 180 casos querellados y 17 cautelados de los cuales me libré con libertad pura y simple, algunos sobreseídos, algunos están en camino en juicio”, afirmó Parra en entrevista en Antes del Mediodía de Fides. 

Parra relató las condiciones adversas que afronta en la cárcel, dijo que no recibe permiso para acudir al médico, debe cuidarse de los alimentos porque padece de diabetes y está lejos de su familia.

“Este 27 de mayo ya no quiero pasar sin ellos, por lo menos que me dejen estar (con mis hijos), solicito ir al médico, no me deja el juez anticorrupción, este juez primero anticorrupción para mi es al revés. Subió mi presión tres veces, estoy con abogado de defensa pública, solicité tres veces, no me dieron (permiso para ir al médico) a plan de hierbas me curaba, con la dieta, no me dan salida, bueno a plan de hierbas y la dieta trato de comer cosas así”, agregó.

Ella reclamó por la dilación en la investigación ya que en siete años hubo audiencias que se postergaron y afirmó que hay abogados que ganan sus salarios con la extensión de plazos.

La exejecutiva apunta a su sucesor Daniel Zapata como uno de los responsables del desfalco millonario de la institución, pero el sindicado está prófugo por lo que cree que hay cierta protección, pero desconoce las intenciones.

“Al menos pienso que lo protegen, ¿por qué protegen?, él es el principal (responsable) que ha hecho que el fondo fracase. Estando él, no ha terminado su gestión, él apenas asumió un año, luego lo suspenden e imponen al Marco Antonio (Aramayo)”, enfatizó.

Parra dijo que ella no buscó el cargo y que luego de volver de un receso se enteró que fue designada directora del Fondioc, en representación de la confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa. Sus funciones, según el reglamento y estatuto de la institución, respondían a decisiones del directorio, cuya cabeza era la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.

Afirmó que también los equipos técnicos y ejecutores de proyectos eran responsables de la administración de dineros y sus integrantes estaban conformados por los beneficiarios de los proyectos. Lamentó que ella y Aramayo se hayan quedado solos y con más de un centenar de procesos penales.

Aramayo a Luis Arce: “Jamás imaginé que me habían elegido para sacrificarme”

Con el puño izquierdo levantado, Marco Antonio Aramayo juró el 4 de septiembre de 2013 como director ejecutivo del Fondo Indígena frente al entonces ministro de Economía, Luis Arce. Hoy, el primero está muerto luego de siete años de cárcel y persecución judicial y el segundo, es presidente del Estado.

Ese día, Arce defendió el “modelo económico social comunitario productivo boliviano” y mencionó que el Fondo Indígena era el “motor redistribuidor del excedente”, pero se olvidó aclarar que “no funcionaba, debido a los malos manejos administrativos de dos gestiones del Fondioc empíricas (2009-2013)”. Así relató Aramayo en una carta que le envió a Arce, el 23 de noviembre de 2020, 15 días después de que este asumiera el mando del país.

“Recuerdo aquel día septembrino cuando usted me posesionó como Director Ejecutivo. Pero jamás imaginé que me habían elegido para sacrificarme. El mismo día caí en la trampa motivado por mis preocupaciones éticas y morales respecto a las Naciones Indígenas”, señala el primer párrafo de la misiva firmada por Aramayo. Fue difundida en las últimas horas por el periodista Andrés Gómez.

En la carta escrita en la cárcel de San Pedro de La Paz, Aramayo no solo recuerda su posesión como director del Fondo Indígena, sino también denuncia la vulneración de sus derechos por el “pecado original” de denunciar el desfalco en la institución

“Me empeñé por hacer bien las cosas de manera transparente e innovadora, observé de cerca, investigué y luego denuncié públicamente frente a un Notario de Fe Pública y ese es el pecado original, ese es el delito que no me perdonan; pero la historia me absolverá porque estoy seguro que lo que hice fue lo correcto en ese momento”.

“Sin embargo, parece que atenté contra el Estado y entre todos decidieron castigarme humillarme, intentando que me retracte, pero me negué y decidí pelear por mi honor”

“Desde aquella vez han transcurrido 7 años y el caso Fondioc sigue irresuelto, ahora emblemático por la injusticia generada desde el mismo Estado, a través de una estructura jurídica sádica que la puedo individualizar, identificando a todos los operadores de las injusticias, inexplicables, dolorosas e irregulares”.

Conalab advierte de “juristas del horror” sumisos al poder

El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) advirtió sobre la existencia de “juristas del horror” que se prestan a aplicar detenciones prolongadas en contra de la ley solo por sumisión al poder político de turno, según su presidente Oscar Vargas. 

El abogado observa un “abismo de oscuridad” en la administración de justicia sometida al poder político, con un Ministerio Público y un Órgano Judicial cooptados por el Ejecutivo.

Expresó su consternación por la muerte de Aramayo, que en su criterio sufrió una “constante tortura”.

Se refirió también al caso de Jeanine Áñez cuya situación de salud es crítica y merece una atención más allá del hecho delictivo acusado.

“Lamentablemente estamos en manos de muchos juristas del horror que interpretan la norma a su antojo, y cuando una persona comete un hecho o varios hechos delictivos debe ser juzgada en un solo juicio, bajo el debido proceso y con una detención preventiva que debe ser una excepción a la regla”, sostuvo.

Apuntó a pseudo administradores de justicia que se muestran condescendientes con las autoridades políticas ante la falta de ética y formación de valores desde el sistema universitario.

Magistratura apunta a los fiscales

Tras la lluvia de cuestionamientos sobre la muerte de Marco Aramayo, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, deslindó responsabilidades al Ministerio Público, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el caso por “respeto” a la familia del fallecido.

“Lo que hacen nuestros jueces penales es el control jurisdiccional de cumplimiento de garantías, por lo que quienes llevan el proceso y dan el impulso procesal y quien ha iniciado todos estos procesos, seguramente basados en norma legal, han sido los miembros del Ministerio Público”, enfatizó.

Anunció un relevamiento de información sobre este caso pero de momento, dijo que “por respeto a la memoria del ingeniero Aramayo no es prudente manifestarse”.