Defensora ve en Elvira Parra “imposibilidad de defensa”

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionó al Ministerio Público y al Órgano Judicial que no hayan tenido una estrategia procesal en el caso de Elvira Parra, detenida preventivamente desde hace más de siete años por el caso Fondioc, lo que ocasiona que la denunciada esté en la “imposibilidad de defensa técnica”.

“Son diferentes hechos y no ha existido una estrategia procesal tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial, que es garante de los derechos de los procesados, para poder identificar esta imposibilidad de defensa técnica de Parra y de (Marco Antonio) Aramayo”, manifestó Cruz el viernes pasado en Sucre, donde participó de la entrega de un libro escrito por adolescentes infractores de la ley.

Señaló que en los casos de Aramayo, fallecido el 19 de abril mientras cumplía una detención preventiva de más de siete años, y de Parra (detenida), ambos denunciados por supuestas irregularidades en la administración de dinero del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (Fondioc), la Defensoría del Pueblo abrió un expediente para recabar información y observar los procesos de acuerdo a la ley.

“En este punto ya hemos hecho la colección de información tanto de la Fiscalía como del Órgano Judicial y de algunas instancias estatales que actuaron como querellantes para ver la cantidad de procesos”, sostuvo la Defensora.

Respecto a la cantidad de procesos que tiene Parra como exejecutiva del Fondioc, para la Defensoría sigue siendo una incógnita, pues “ni las propias instituciones estatales tienen un número final”.

En ese sentido, dijo que ya solicitaron esa información al Fiscal General del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia para que respondan con la finalidad de establecer responsabilidades.

Cruz cuestionó que durante este tiempo (más de siete años) “no hubiera habido coordinación en la propia en la Fiscalía, que se rige bajo el principio de unidad”, para que se generaran tantos procesos en contra de una persona.

“Lo propio al Órgano Judicial, que se supone que está dirigido por un máximo ente y que, más allá de la independencia de los jueces de resolver sus causas, mínimamente debieron identificar esta pluralidad de causas y, si lo hicieron, debieron haber tomado responsabilidad”, agregó.

Por otro lado, la Defensora aseguró que, como institución, están haciendo un seguimiento con valoración médica al estado de salud de Parra y que esperan un informe psicológico de evaluación de su estado mental.

DESTRUCCIÓN

Joaquín Chuquimia, esposo de Elvira Parra, informó que ella está detenida hace más de siete años y culpó al Estado de estar “destruyendo” su hogar con varios procesos que no hacen otra cosa que exponer irregularidades para mantenerla encarcelada solo como “un chivo expiatorio”.

“Lamentable retardo de justicia”

El abogado de la defensa de Elvira Parra, Vladimir Gonzáles, precisó que su defendida actualmente enfrenta 180 procesos, por lo que consideró que es “bastante complicado tratar de revertir esta situación”.

En declaraciones a Correo del Sur Radio FM 90.1, explicó que cada uno de los casos debe cumplir con los procedimientos y, “bajo esta situación, es lamentable los retardos de justicia, las suspensiones de las audiencias”.

“A nivel nacional son 180 procesos que se encuentran distribuidos en diferentes departamentos como ser Potosí, Oruro, Beni, Santa Cruz y La Paz, y para ella es un poco complicado para trasladarse de un lugar a otro para cumplir con las audiencias”, dijo el abogado.

Esta situación, con el transcurrir de los años, afectó económicamente a la familia, que ya no tiene los recursos económicos suficientes, por lo que actualmente Parra toma los servicios de la Defensa Pública. En La Paz tiene el apoyo de Gonzáles, quien le brinda una asistencia solidaria.

Dijo que hasta la fecha lograron que su defendida se beneficie de la detención domiciliaria en 17 procesos, varios con fianza, pero en el resto (163) continúa con detención preventiva.

“Si en todos los casos se logra poner fianzas, no podrá pagar para ponerse en libertad”, agregó Gonzáles al señalar que bajo esa forma de proceder “se siguen vulnerando sus derechos”.

Puso como ejemplo que el pasado jueves, en uno de los procesos se logró que se le diera detención domiciliaria con una fianza de Bs 40.000, además de dos garantes que debían depositar Bs 20.000 cada uno. Sin embargo, se recurrió a una modificación para evitar que Parra deposite Bs 40.000. Y, contradictoriamente, el juez ordenó que sean seis los garantes y que cada uno deposite Bs 20.000.