Injusticia con Aramayo persiste, a 2 semanas de su fallecimiento

Este martes se cumplen dos semanas del fallecimiento del exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo, denunciante del escándalo de corrupción en esa institución del Estado, y no hay respuestas sobre los responsables de las dilaciones en la justicia. Aramayo estuvo detenido siete años, el mismo tiempo que lleva la exdirectora Elvira Parra.

Por ahora, solo se conoce de instructivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los jueces para que remitan actuados sobre este caso y del anuncio de la Fiscalía de hacer una revisión de los cuadernos procesales.

Pese al remezón provocado por los detalles del largo proceso que tuvo que atravesar Aramayo hasta su muerte, incluyendo denuncias de tortura en su contra, por ahora, nada ha cambiado. El TSJ conminó a todos los jueces que conocieron el caso de Aramayo a que en 48 horas, plazo ya vencido, remitan informes sobre su actuación.

Un día después del mencionado deceso, desde la Fiscalía General del Estado, el secretario general, Edwin Quispe, dijo que se había dispuesto que el área correspondiente realice un seguimiento y revise los procesos contra el exdirector del Fondioc, y que de identificarse algún tipo de incumplimiento de plazos, se activará el régimen disciplinario respectivo.

LA SITUACIÓN DE PARRA

Tampoco hay avances respecto a la situación de Parra, detenida preventivamente desde hace siete años. Ni el Ministerio Público ni las instituciones de la justicia reaccionaron con una resolución para acelerar este proceso.

El domingo, la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, se pronunció sobre la situación de la exdirectora del Fondo Indígena cuestionando al Ministerio Público y al Órgano Judicial de no tener una estrategia procesal en este caso, lo que ocasiona que la denunciada esté en la “imposibilidad de defensa técnica”.

En la misma línea, el abogado defensor de Parra, Vladimir Gonzáles, declaró a Correo del Sur Radio FM 90.1 que revertir la situación procesal de su defendida es muy complicado porque tiene 180 procesos en su contra distribuidos en diferentes departamentos.

Dijo que lograron que su defendida se beneficie con la detención domiciliaria en 17 procesos, varios con fianza, pero que en el resto (163) continúa con detención preventiva.

Solo el pago de las fianzas en cada proceso se hace insostenible para la acusada. Puso como ejemplo que en un caso que logró detención domiciliaria debe pagar 40.000 bolivianos mientras que sus dos garantes, depositar 20.000 cada uno.

COSAS DISTINTAS

El Gobierno tomó algunas acciones extraordinarias tras destaparse el caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores. Conformó una comisión para analizar e impulsar la resolución de casos similares: feminicidas y violadores con sentencia libres. ¿Por qué no actuó de la misma manera ahora?

Según el vocero presidencial, Jorge Richter, son casos diferentes. Puso énfasis en que las detenciones preventivas no pueden establecer en los hechos una condena rápida e inmediata de la persona.

“Por supuesto (a propósito de Aramayo) se ha tomado también (decisiones) y se ha solicitado una serie de requerimientos de información respecto de lo que son personas con detención preventiva y con un acumulado de casos como el que hemos conocido, el señor Aramayo, y entendemos que también hay algunas otras personas en ese sentido. Esa es una información que se está recabando”, aseguró Richter, hace una semana, en una entrevista con Correo del Sur Radio.

Aramayo falleció, tras varios días en coma, el pasado 19 de abril después de haber estado en medio centenar de cárceles y carceletas del país. El Consejo de la Magistratura apunta al Ministerio Público y éste a las autoridades judiciales.

IDENTIFICADOS

En siete años de detención preventiva por denunciar el desfalco del Fondic, Marco Antonio Aramayo compareció ante 84 jueces y 91 fiscales en los 259 procesos que se instalaron en su contra, según las anotaciones que hiciera el propio acusado, de los nombres de autoridades judiciales ante los cuales compadeció, revela el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI).

Samuel Flores: No recuperan los recursos

No hay acciones tendientes a recuperar los recursos económicos destinados a los indígenas y esfumados con el desfalco, denunció Samuel Flores, abogado experto en temas indígenas y excuraca de la Nación Qhara Qhara y parte del grupo de abogados notables como el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera.

Lo dijo durante el anuncio de la presentación de una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado mediante un referéndum popular.

Sobre el caso de Aramayo, sostuvo que el Estado y la justicia fracasaron al haber dilatado durante años este proceso y no haber actuado de acuerdo a la Constitución.

En declaraciones a Correo del Sur Radio, Flores responsabilizó también al Tribunal Constitucional Plurinacional por no haber intervenido como garante de los derechos fundamentales al denegar tutelas en acciones constitucionales.

Y señaló al Gobierno de ser cómplice de la corrupción en el Fondo Indígena, que está intervenido pero siguen recibiendo recursos para entregarlos a las alcaldías pese a que deberían ser para los indígenas. Eso es “malversación y daño económico al Estado”, enfatizó.

Respecto a la reforma judicial, Flores apunta a la modificación de la Constitución Política del Estado y no solamente del reglamento de preselección de postulantes como se pretende.

Para ello, junto a algunos abogados como José Antonio Rivera y otros, iniciaron una campaña de socialización de una propuesta de referéndum para modificar la Constitución.

Rivera: No hay intención de reforma

El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera opina que el Gobierno no tiene intención de transformar la justicia. Lo dijo en respuesta a una declaración del vocero presidencial, Jorge Richter, en sentido de que una reforma podría durar hasta tres años.

Rivera sustentó su posición poniendo como ejemplo la creación de un grupo de notables para llevar adelante la reforma judicial; ese grupo fue una propuesta del ministro de Justicia, Iván Lima, pero después se disolvió.

El constitucionalista recordó que también se anunció una cumbre para transformar la justicia, pero ese evento tampoco se concreta. Esto, dijo, demuestra que al Gobierno no le interesa ninguna reforma.

“La ha secuestrado, la ha sometido a sus intereses, ha eliminado la independencia judicial para hacer una persecución política como ocurrió con José María Bakovic, que terminó falleciendo como consecuencia de los juicios en su contra, y la (muerte) de (Marco) Aramayo (…) La Fiscalía salió a decir que no eran 250 proceso sino solo 95”, comentó Rivera.

En su criterio, el Ministerio Público podía unificar todos los casos en un solo proceso, pero prefirió llevar a Aramayo de un lugar a otro, por 57 cárceles.

Rivera forma parte de un grupo de abogados notables que propone la reforma judicial vía referéndum ante la inacción oficial.

Gutiérrez: Hay más detenidos ilegales

Para el abogado y analista chuquisaqueño Germán Gutiérrez, hay ciudadanos que están en la misma situación que sufrió Marco Aramayo. Se refirió a un audio que envió el exdirector del Fondioc a su abogado confesándole los peores momentos que vivía en la cárcel.

Gutiérrez habló de una “persecución salvaje” a otros ciudadanos que atravesarían una situación similar a la de Aramayo. Dijo que la idea es escarmentarlos con detenciones injustas e ilegales.

Este hecho “tan doloroso y lamentable” no ha ocasionado que los administradores de justicia y el propio Gobierno asumieran alguna medida, por lo menos, para disimular que están tratando de hacer algo, según aseveró el jurista.

“Es pavoroso lo que sucede: se anunciaron cumbres, reformas del Órgano Judicial, se generó un proceso de intervención para el caso del asesino serial, pero ahí no se pasó de simplemente satisfacer seguramente mediáticamente a la ciudadanía y luego las cosas siguen igual o peor”, recalcó Gutiérrez.

En su criterio, jueces y fiscales que intervinieron en este caso siguen paseando impunemente por los tribunales de justicia.

También señaló que el expresidente Evo Morales, el actual, Luis Arce, y sus ministros involucrados en este millonario caso de corrupción, deberían ser procesados por la manipulación de la justicia.