La detención preventiva de los denominados “perseguidos políticos” superó el plazo establecido por ley, de seis meses. Todos llevan un año o más de encarcelamiento sin que concluya la investigación del Ministerio Público. Esta situación de incertidumbre fue calificada por la defensa de los procesados, y también por un expresidente de los juristas a nivel nacional, como un “verdadero flagelo” en un Estado democrático.
Jorge Valda, abogado de un grupo de los considerados “perseguidos políticos”, denunció que todos sus defendidos sobrepasaron el límite de la detención preventiva de seis meses establecida en la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. Los fiscales deberían concluir la investigación dentro de ese tiempo, pero no lo hacen y, al contrario, siguen pidiendo ampliaciones de los plazos de detención, algo que aceptan los jueces de turno.
Valda dijo que Mario Bascopé, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), cumple detención desde el 24 de diciembre de 2020, hace un año y cinco meses, en San Roque. Está procesado por las manifestaciones de octubre de aquel año en el frontis de la Fiscalía General, lo cual fue calificado como un delito de organización criminal, y por otro proceso de 2017 en el que fue condenado a 10 años de prisión.
Fabio Bascopé, hermano de Mario, está con detención preventiva desde el 26 de agosto de 2021, hace nueve meses, también en la cárcel San Roque. Lo acusan de los mismos hechos que su hermano, en circunstancias en las que pedían la renuncia de Juan Lanchipa, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El líder de la RJC, Yassir Molina, está en la cárcel desde marzo de 2021, hace un año y dos meses. Primero se encontraba en San Roque, después fue trasladado a Cantumarca y, finalmente, a San Pedro de Oruro por supuestamente haber provocado un motín.
Milena Soto, integrante de la RJC, es otra de las víctimas de esta privación de libertad pese a que está con detención domiciliaria hace más de un año y sin poder salir a trabajar.
Valda también se refirió a la detención preventiva del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, encarcelado desde el 11 de diciembre de 2021 por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en noviembre de 2019; ya cumplió seis meses.
En este último caso, la orden de privación de la libertad era por tres meses; pero, en abril de este año, la ampliaron por otros tres.
OTROS CASOS
La expresidenta Áñez está en la misma situación: lleva 14 meses con detención preventiva, acusada por un supuesto golpe de Estado. La semana pasada, el tribunal de sentencia de La Paz amplió por otros tres meses su detención; ella se encuentra en la cárcel de Miraflores.
En su caso, de los seis procesos que le abrieron, solo en uno el Ministerio Público presentó su acusación y está a punto de lograr una sentencia.
Sobre el líder cívico riberalteño Katriel Müller Justiniano, Valda dijo que recientemente se logró su libertad condicional en dos de los casos por los que guardaba detención preventiva. Ahora podrá defenderse desde su domicilio. El Ministerio Público le había iniciado un proceso por hechos registrados el año pasado, durante el paro multisectorial contra la Ley 1386.
También la exministra de Salud Heidi Roca guarda detención domiciliaria y no puede salir del país, pese a padecer problemas graves de salud que requieren atención en el exterior.
“La persecución política en Bolivia es un verdadero flagelo contra la existencia de un estado democrático”, remarcó Valda.
LA LEY
La Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal establece que la detención preventiva será limitada por seis meses para que el Ministerio Público realice procedimientos investigativos. En caso de ser necesario, podrán solicitar la ampliación de la detención preventiva del imputado por seis meses más, previa justificación.
Abogados ven falta de independencia en los fiscales y jueces
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Oscar Vargas, en entrevista con CORREO DEL SUR advirtió la existencia de “juristas del horror” que se prestan a aplicar detenciones prolongadas en contra de la ley solo por sumisión al poder político de turno.
Por su parte, el abogado y expresidente del Conalab Arturo Yáñez opinó que la situación de las detenciones prolongadas, como las del fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, y otros, demuestra las vulneraciones al debido proceso en el país, donde afirmó que la detención preventiva no es una excepción sino una regla.
“Esto demuestra que los jueces y vocales no son independientes y los fiscales no son objetivos y se mantienen con criterios hasta absurdos, porque el acusado está marcado por el Gobierno”, sostuvo Yáñez.
El abogado destacó la ley 1173 que limita el plazo de las detenciones pero en algunos casos como en el de los “perseguidos políticos”, dijo que las sistemáticas ampliaciones de la prisión, estas se convierten en penas anticipadas.
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