Relator observa “patrones de injerencia de larga data” en la justicia y cita el caso de Áñez

El informe del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, concluye en 20 recomendaciones para la administración de la justicia en Bolivia, entre los cuales pide respetar la independencia del Órgano Judicial, elaborar un plan de reforma estructural, poner fin a las detenciones preventivas e insta al Gobierno a designar un Defensor del Pueblo.

“Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución”, refiere la primera conclusión sobre la visita del experto de las Naciones Unidas.

García-Sayán estuvo en Bolivia entre el 15 y 22 de febrero, tiempo en el que sostuvo reuniones con actores y autoridades para determinar un diagnóstico sobre la administración de la justicia en Bolivia, “su independencia, el acceso a esta y su capacidad de procesamiento de grandes retos nacionales como la corrupción, la violencia contra la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, según el documento que tiene fecha de publicación el 11 de mayo.

Sobre Jeanine Áñez

García-Sayán puso como ejemplo los casos contra la expresidenta Jeanine Áñez para referirse a “los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data”.

Menciona que el proceso contra la exmandataria “pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, fue “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”, cuando se enteró de la huelga de hambre de Áñez.

“El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, agrega.