Tras informe de Relator, Viceministro dice que Áñez tiene garantías al debido proceso por el caso “Golpe”
El representante de Naciones Unidas difundió este miércoles el informe de su visita al país entre el 15 y 22 de febrero, para observar la independencia de los administradores de justicia

El Gobierno nacional se refirió la noche de este miércoles al caso de Jeanine Áñez tras el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de la justica en el país y señala que se la exmandataria tiene garantías a su derecho al debido proceso en los casos sobre el presunto golpe de Estado que se le sigue por la vía ordinaria.
El relator de la ONU, Diego García-Sayán presentó su informe bajo el título de “Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados acerca de su visita al Estado Plurinacional de Bolivia”. En el punto 87 de 129 en total, hace referencia al caso de Jeanine Áñez.
“Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. En el proceso denominado ‘Golpe de Estado I’, fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido como ‘Golpe de Estado II’, se encuentra imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso (sic)”, señala el texto.
Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, manifestó que los casos Golpe I y II, por los que se acusa a Áñez garantizan en la vía ordinaria el debido proceso porque no se la juzga como Presidenta sino como senadora, que era el cargo que ocupaba antes de asumir el poder, tras la renuncia de Evo Morales.
“Informo que ambos casos, ‘Golpe de Estado I y Golpe de Estado II', garantizan en la vía ordinaria, porque no se le está juzgando como mandataria, sino como senadora, el debido proceso. El ‘Golpe de Estado I’ se está cumpliendo en la etapa preparatoria y seguramente la Fiscalía emitirá un requerimiento como corresponde para ir a juicio o no, y el segundo ustedes saben que está ya etapa trascendental del juicio a punto de dictarse los alegatos y la garantía precisamente del debido proceso, el Tribunal ha decidido suspender la tramitación del juicio hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie por una acción de inconstitucional que ella ha presentado”, detalló Siles.
Acotó señalando que si se hace un recuento de todas las acciones, apelaciones, impugnaciones, nulidades, amparos y acciones de libertad que ha presentado Áñez, “en ese número tendrán la respuesta que en Bolivia la señora está siendo garantizada en su derecho al debido proceso y el acceso a la justicia”.
Para el Viceministro, el informe de García-Sayán señala que “el Relator Especial califica como paso positivo que se haya firmado un convenio con el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia para poder hacer seguimiento a procesos judiciales como los que enfrenta la señora Áñez”.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos es veedor internacional de los juicios contra la exmandataria y otros casos en los que podrían vulnerarse las garantías del debido proceso, manifestó la autoridad.
“El 21 de febrero, en presencia del Relator Especial, el Ministro de Justicia y la Misión Técnica del Acnudh firmaron un protocolo para la observación de procesos judiciales. El documento prevé que la Misión Técnica dé seguimiento a casos de crímenes de lesa humanidad como los vinculados a la crisis de 2019-2020; causas contra miembros del Poder Judicial y del Tribunal Electoral, entidades de creación constitucional, el Poder Ejecutivo; feminicidios, violencia de género y casos que involucren a la población LGBTIQ+, y casos con grave impacto en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. El protocolo se está aplicando ya al caso de la Sra. Áñez. El Relator Especial espera que esta medida contribuya a fortalecer las garantías judiciales y el debido proceso en este y los demás casos (sic)”, dice textualmente el informe en su punto 89.