Posturas políticas frenan avance de reforma judicial

La reforma judicial no avanza porque se la está politizando. Es la percepción de dos autoridades judiciales y de abogados sobre la implementación de cambios en la justicia en Bolivia que se encuentra frenada. Los juristas, una vez más, advierten que hay una marcada “injerencia” de los órganos Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, fue claro al afirmar a CORREO DEL SUR que algunos políticos, sin precisar de qué línea, pretenden convertir la crisis judicial en “una bandera política”, lo que impide encontrar un escenario para avanzar hacia una verdadera reforma en esta materia.

“El gran tema sería no politizar esta reforma; si bien todos podemos opinar, tener propuestas, pero en el momento que contaminemos con posturas político-partidarias, ya no estamos aportando sino estamos haciendo un gran daño a este proceso de reforma de administración de justicia”, manifestó.

Advirtió que si no se politizara este tema, habría avances en cuanto a la reforma con la participación de los bolivianos.

¿Hay politización de la justicia?, le consultó este periódico. Torres respondió: “Sin duda que algunos políticos, en su estrategia, querrán convertir este escenario de crisis judicial en una bandera política, querrán capitalizar electores a través de un discurso que ahonde más la crisis judicial y, eso es bueno para ellos, pero no es bueno para el país, para la sociedad porque estamos perdiendo la oportunidad de encontrar un escenario donde podemos transitar a una verdadera reforma judicial sin contaminarlo política-partidariamente”, remarcó.

En criterio del consejero de la Magistratura Omar Michel, hay politización sobre las grandes tareas pendientes en la reforma judicial. Él recomendó que el Estado debería diseñar una ruta crítica, una agenda para que los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan afrontar estos cambios.

“El tema judicial parece un eterno tema pendiente. Hay agendas, rutas críticas, diagnósticos y muchos puntos de vista políticos sobre estos grandes temas pendientes, pero el Estado debería tener una agenda común, generar una ruta crítica para que principalmente los órganos Legislativo y Ejecutivo y Judicial podamos enfrentar de una vez la reforma de la justicia”, sostuvo.

POLÍTICA DE ESTADO

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Oscar Vargas, exhortó al Gobierno a afrontar con sinceridad el proceso de reforma como una política de Estado y no con una posición político-partidaria e ideológica.

Por su parte, el expresidente del Conalab, Arturo Yáñez, opinó que a la clase política en Bolivia no le interesa una reforma judicial que garantice la independencia de los jueces, sino que prefieren que el sistema les siga sirviendo para sus fines coyunturales.