Ante la revisión de los casos de feminicidio y violación en el país, el Ministerio Público emitió 50 órdenes de aprehensión contra feminicidas y violadores que aún no se ejecutaron, informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
“Hay 50 órdenes de aprehensión que están siendo ejecutadas, esos son los resultados que se ha tenido en la comisión”, informó la autoridad, al indicar que hasta la fecha se logró la recaptura de 21 reos con sentencia que fueron liberados de forma irregular.
Tras revelarse el caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores y los beneficios judiciales que recibió para salir libre pese a una sentencia condenatoria en su contra, el pasado 4 de febrero se conformó la comisión interinstitucional con el objetivo de revisar los casos de feminicidio.
La comisión tenía un plazo de 120 días para la revisión de todos los procesos con irregularidades. En ese contexto, la autoridad manifestó que se intervino los 18 juzgados de ejecución penal e identificaron varias anomalías, por lo que 15 jueces están siendo procesados tanto por la vía administrativa como penal. Diez de ellos ya fueron destituidos.
“Y en este momento, uno de los grandes problemas que se ha identificado tiene que ver con el régimen disciplinario de estos malos administradores de justicia, que, por ejemplo, tienen, en algunos casos, 20 o 30 procesos disciplinarios y como el proceso sancionatorio es muy largo y muy complejo, prácticamente se hace interminable”, lamentó.
La autoridad indicó que lo más llamativo de este tema es que, a pesar de los procesos disciplinarios en contra de esos funcionarios judiciales, estos continúan administrando la justicia.
“La Comisión ha señalado de manera muy concreta y contundente que esto ya no puede suceder”, insistió.
Por otra parte, Prada reiteró que la aprobación de la Sentencia de Avocación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) N° 0001/2022 del 31 de marzo de 2022, hace más estricta la liberación de los condenados a 30 años de cárcel, quienes se beneficiaban con la libertad condicional a solo diagnóstico médico de enfermedad incurable.
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