Sentencia de cárcel contra Áñez genera amenaza de movilización

Mientras el Conade llamó a movilizarse desde el lunes en rechazo a la sentencia de diez años contra la expresidenta Jeanine Áñez, el Gobierno tachó el fallo solo como “el primer tiempo” de lo que espera a la exautoridad en tribunales. Y Evo Morales sostuvo que la pena es “benigna, en relación al daño causado a la democracia” boliviana.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la plataforma Otra Bolivia es Posible convocaron a movilizaciones nacionales a partir de la próxima semana, en repudio a la condena de 10 años contra Áñez por el caso Golpe de Estado II.

“A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones, algunas serán responsabilidad del Conade, pero otras surgirán de la iniciativa de la sociedad civil y otros líderes”, aseguró el dirigente Manuel Morales.

“Invitamos al gobernador Luis Fernando Camacho a encabezar las movilizaciones en Santa Cruz”, agregó el dirigente.

Por su parte, la plataforma Otra Bolivia es Posible, en un comunicado emitido el sábado, afirmó que la condena a Áñez “confirma que la justicia es masista” e invitó a líderes y plataformas a movilizarse en rechazo y condena a la sentencia contra la expresidenta.

“Ahora más que nunca, convocamos a todas las oposiciones democráticas, líderes nacionales, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, plataformas ciudadanas, Conade y comités cívicos a que, en unidad, retomemos las calles contra el linchamiento judicial”, señala el comunicado.

EL GOBIERNO

En la otra vereda, el vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que la condena dictada en contra de la expresidenta, “es solo el primer tiempo” porque, en su criterio, el “elemento central” es la búsqueda de justicia por las muertes y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de su mandato.

“Todo lo que ocurrió desde la noche del 12 de noviembre (de 2019, cuando Áñez asumió el mando del país), lo tendrá que enfrentar también ella y todos quienes participaron ante nuevos jueces y ante un nuevo proceso, porque aquello no va a quedar en el aire, suspendido”, sostuvo Richter.

Más adelante, recalcó que “el elemento central son las muertes, es el encarcelamiento, es la violación de derechos humanos y el maltrato a la dignidad de las mujeres”, algo que fue calificado como “el hecho mayor” por el que “el pueblo boliviano está buscando justicia”.

APELACIÓN

Lo había deslizado la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la noche del viernes. Ayer, tras el gabinete ampliado que se celebró en el Campo Ferial Chuquiago Marka, el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, confirmó que el Gobierno apelará la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Añez para lograr 15.

“Creemos que la magnitud de lo hecho no tiene una proporción adecuada con la sentencia de 10 años, ahí, pensamos nosotros, que la sentencia debe estar en límite de lo que se permitía que son los 15 años”, dijo.

EVO MORALES

Morales cree que la sentencia contra Áñez es muy corta. Se refirió al dictamen como una “pena benigna” y cuestionó que la exmandataria haya utilizado “chicanas” para dilatar el fallo judicial.

“Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”, escribió ayer, sábado, Morales en su cuenta de Twitter.

RESPUESTA A EVO

La familia de Áñez llamó “cobarde” a Morales y anunció que apelará el fallo.

“Es una sentencia política. No va a cambiar nada porque mi madre va a seguir siendo una presa política”, lamentó Carolina Ribera, hija de la exmandataria.

LA SENTENCIA

Un tribunal de La Paz halló culpable a Áñez la noche del viernes de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. 

Áñez, que cumplirá 55 años el lunes, completará la pena en la cárcel de mujeres de La Paz donde ha estado en prisión preventiva los últimos 15 meses. Además, tendrá que pagar un monto aún no especificado por daños al Estado.

En su alegato final, Áñez se había declarado inocente, señalando que el Tribunal “excluyó” pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019, y anunció que acudiría a la justicia internacional.

“Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso”, aseguró Áñez, que gobernó entre 2019 y 2020, mientras decenas de manifestantes fuera de la cárcel reclamaban su condena.

RENUNCIAS

Jeanine Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, llegó a la presidencia con el fin de organizar nuevas elecciones después de que renunciaran todos los que tenían que suceder a Morales: el vicepresidente, la titular de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados.

ABOGADO

El Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana sancionó con la baja definitiva a 21 efectivos policiales, quienes fueron identificados por participar en los motines policiales y ultrajes a símbolos patrios durante la crisis de noviembre de 2019.

Sucre: Repercusiones a la condena

El analista jurídico Arturo Yáñez expuso cinco preocupaciones en torno a al juicio contra la expre-sidenta Jeanine Áñez. Puso en duda la legalidad del juez natural, porque la exmandataria fue juzgada por un tribunal ordinario cuando su caso mereció un juicio de responsabilidades, y cues-tionó que el proceso se haya divido en dos partes, cuando a una persona solo se puede juzgar por el mismo delito una vez.

Asimismo, observó la celeridad del juicio cuando en otros casos no pasa lo mismo, criticó el trato “indigno” que recibió al no dejarla participar directamente en las audiencias; también afirmó que los jueces prevaricaron porque no esperaron a que se resolviera una acción constitucional.

Por su parte, el exdiputado del MAS, Elmar Callejas, aseguró que Áñez fue procesada en su cali-dad de senadora y dijo que en tal condición nunca debió asumir la presidencia del Estado porque no le correspondía. En ese sentido, dijo que la pena debió ser de 15 años.

A su turno, el diputado Marcelo Pedrazas (CC) manifestó que con la sentencia del viernes “ya se confirma el sometimiento de la justicia al poder político en Bolivia” y que desde ese día en el país se instaló un “gobierno autocrático” cuyo fin será perseguir a opositores.

Finalmente, el analista Abdías Valencia señaló que “el poder político ha instaurado un proceso ordinario totalmente ilegal y naturalmente la consecuencia tenía que ser una sentencia condena-toria”. Por ello, aseguró que en este proceso no podía caber ningún recurso legal a favor de Áñez.

Exministra Morales pide enjuiciar a autores intelectuales

Era parte de las negociaciones para pacificar el país tras la renuncia de Evo Morales, en 2019. La exministra Teresa Morales afirmó que la sentencia de 10 años de cárcel que un tribunal paceño dictó contra la expresidenta Jeanine Añez abre pasó para enjuiciar a los “autores intelectuales” del presunto “golpe de Estado”.

En ese ínterin, apuntó a los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, este último fue candidato en las elecciones de ese año que denunció por un presunto fraude.

Además, consideró que deben comparecer ante la justicia el entonces cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el empresario y exlíder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

“Más allá de la cantidad de años que dicta la sentencia en contra de la exsenadora Jeanine Añez por el caso golpe de Estado II, lo que deja en claro el fallo judicial es que en 2019 hubo golpe de Estado, y a partir de esa certeza, ahora tienen que ser procesados los autores intelectuales de la interrupción del orden democrático; Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga”, afirmó la exministra.

“Los autores intelectuales, los que condujeron a Añez para que se interrumpa el orden constitucional, esos son los que tienen que ser procesados a partir de que ahora ya se sabe que hubo golpe de Estado”, insistió.

Creemos

La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional repudió la sentencia por la “justicia servil, despótica y corrompida del MAS” contra la expresidenta Jeanine Añez y alertó que el Estado de Derecho está “herido de muerte”.

“Es la constatación más palpable del intento de ese partido de torcer la historia, borrar la memoria colectiva y desconocer el fraude electoral de 2019, además de ser la prueba de la sed de venganza de Evo Morales, el gestor de ese engaño al pueblo boliviano y al mundo, para salvar sus responsabilidades por el vacío de poder que generó su cobarde renuncia y las docenas de muertos y heridos producto de la convulsión social que ordenó en persona”, señala una parte del pronunciamiento.

En el pronunciamiento recuerdan que Añez fue reconocida como Presidenta por la mayoría masista en la Asamblea y afines del MAS en los órganos Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional, y por la mayoría de países democráticos y organismos internacionales.

Observaciones Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW, que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) planteó ocho observaciones al proceso penal que enfrentó la expresidenta Jeanine Áñez.

1. En 2019, el Alto mando militar pidió la renuncia a Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral ahora cuestionadas. Que militares le pidan la renuncia a un presidente constituye una afrenta directa a los principios democráticos. Los fiscales deben investigar esos hechos.

2. Toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional.

3. El sistema judicial boliviano sufre de injerencia política desde hace años. Los gobiernos se han aprovechado de su falta de independencia y debilidades estructurales: tanto el de Evo Morales como el de Jeanine Áñez impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos.

4. El presidente Arce sigue sin reformar la justicia. Su gobierno impulsa el proceso contra Áñez por la forma en que asumió como presidenta interina en 2019. Al mismo tiempo, siguen en la impunidad las 37 muertes ocurridas en ese contexto, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.z

5. La expresidenta Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración. HRW revisó la imputación y no encontró evidencia que la sustente. Más tarde, los fiscales la acusaron por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley.

6. A la expresidenta Áñez no se le permitió asistir en persona a su propio juicio, pero sí estuvieron presentes los fiscales, abogados y otras personas. Eso le impidió consultar con sus abogados durante las audiencias.

7. Los jueces dijeron que no podían garantizar la salud y seguridad de la expresidenta Áñez en el tribunal. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de los acusados para que asistan a su juicio. Los imputados no deben ser castigados por las fallas del Estado.

8. Los delitos por los que Áñez fue condenada (incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley) están definidos de manera muy amplia en la ley boliviana. Los gobiernos de Morales y Áñez usaron esos tipos penales en procesos que parecían tener motivaciones políticas.