Presidente del Conalab dice que “juristas del horror” emitieron una sentencia “aberrante” contra Áñez

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia (Conalab), Oscar Vargas, calificó de “ilegal e inconstitucional” la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez y acusó a los “juristas del horror” que la sentenciaron de haber “cercenado el derecho penal y de actuar de forma aberrante e inconcebible bajo los principios de la venganza, el escarnio, antes que los derechos humanos”.

El abogado, en entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1, dijo que opina como abogado libre, siguiendo la línea de los juristas formados “con convicción, con ética y con principios”, que coincidieron en criticar que el proceso contra Áñez es “absolutamente ilegal e inconstitucional”, porque desconoce la jurisdicción que establece la propia Constitución que todo Presidente debe ser juzgado en la vía de juicio de privilegio.

“Cercena el derecho penal de una forma tan aberrante que es inconcebible que estos juristas del horror puedan siquiera mirarse al espejo. Está claro que la venganza, el escarnio se encuentran antes que cualquier otro principio, incluso de derechos humanos”, enfatizó.

“Más allá de la persona de quien se trata, sea cual fuere esta persona, nos demuestra que en un régimen donde no prima la independencia de poderes que establece el sistema republicano de gobierno y donde el Estado y el Gobierno están por encima de los ciudadanos, pues el descontrol y los resultados son estos, es decir, una flagrante violación a los principios no solo del derecho, sino de los derechos humanos”, agregó.

Juicio de responsabilidades

Vargas sostiene que la posible comisión de delitos en la asunción como presidenta por parte de Áñez debería dilucidarse en la vía de juicio de privilegio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una vez que por dos tercios se apruebe el enjuiciamiento, en la Asamblea Legislativa.

“Pero probablemente el partido de Gobierno quizá no iba a lograr los dos tercios de votos, optó por esta incongruencia jurídica, esta aberración de partir el hecho criminoso, es decir, juzgar primero la ideación y después la ejecución. Entonces el argumento de esto es que mientras era senadora ideó (el delito) y cuando fue presidente consumó y ejecutó los demás actos (delictivos), lo cual es absolutamente inconcebible en el derecho penal actual, pero en el Estado Plurinacional se puede dar”, remarcó.

Revertir la sentencia, una utopía

Vargas dijo que la posibilidad jurídica de revertir esta sentencia de 10 años de cárcel para Áñez está plasmada en el papel, en las leyes y la Constitución, pero que se consolide materialmente es una utopía.

El abogado manifiesta que los jueces están “atemorizados” por el “increíble poder político del Órgano Ejecutivo” que, ante cualquier acción que sea contraria a los intereses del Ministerio de Justicia, “pueden ser sometidos a un escarnio político, a la pérdida de sus fuentes laborales, incluso el derecho a la libertad”. “No tengo esperanza, pero que ojalá se revierta, solo queda acudir a las instancias internacionales”, sostuvo.