Caso golpe II: Ribera arremete contra Lanchipa, que ve delito en la sucesión

“Siendo que falta un año para que se le acabe su gestión (a Lanchipa) espero que la embajada que le han prometido sea suficiente para lavar su conciencia, si es que la tiene”. Así reaccionó Carolina Ribera, hija de la presidenta Jeanine Áñez, a las declaraciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que en Sucre dijo que hubo un “quebrantamiento a la sucesión constitucional” en 2019.

“Él (Lanchipa) avaló el Gobierno de mi madre; sin embargo, ahora no es coherente con sus hechos, gracias a él mi madre está siendo juzgada por la vía ordinaria, siendo que le corresponde un juicio de responsabilidades”, dijo Ribera en una conferencia de prensa junto a sus abogados en La Paz.

Ribera reprochó la postura del titular del Ministerio Público y señaló que “él incluso fue al Congreso” donde manifestó que la Presidencia era constitucional. Además, acusó a Lanchipa de tener un acuerdo para que, al finalizar su gestión, sea destinado a una embajada. 

APELACIÓN

Ayer en la mañana, el fiscal Lanchipa afirmó que con el juicio oral por el caso “Golpe II” quedó demostrado que se vulneró la Constitución Política del Estado y las leyes.

“Nosotros nos hemos abocado para establecer que no hubo una sucesión constitucional, conforme manda la Constitución y las leyes. Hubo un quebrantamiento a la sucesión constitucional y, de tal manera, se ha acreditado que se ha vulnerado la Constitución y las leyes”, dijo a los medios de comunicación de Sucre.

Tras la sentencia de 10 años de prisión dictada el viernes en contra de la expresidenta Áñez, el Fiscal General anunció ayer que apelará la decisión judicial “fundamentalmente en el quantum de la pena”, una vez que el tribunal juzgador lea íntegramente su fallo; la defensa de la exmandataria también anunció que impugnará la resolución que condena a un encarcelamiento por una década a la exsenadora.

Consultado si esta sentencia condenatoria cambiará la situación de los demás procesos contra la expresidenta, Lanchipa respondió que cada caso tiene su particularidad y el Ministerio Público investiga hechos concretos y a los responsables de los mismos. 

La familia y la defensa de Jeanine Áñez alistan también su apelación contra el dictamen de la justicia.

“Se va a apelar como corresponde y después se irá a la vía internacional, donde no hay partidos políticos ni injerencia ni amiguitos que intervengan en el sistema judicial”, manifestó Ribera.

El viernes se dio a conocer la sentencia en contra de Áñez, pero la lectura del fallo en su integridad será este martes a las 15:00, según adelantó el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción. A la exmandataria y a otros exjefes militares de la Policía se los acusó de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por lo que se los condenó a entre dos y diez años de cárcel.

OPINIONES

√Para la senadora Silvia Salame, “nunca hubo golpe de Estado I ni II” y lo que sí existió fue un “fraude”: si se llegara a aceptar esta sentencia, prácticamente habría un ‘golpe de Estado’ contra el presidente Luis Arce que fue elegido en las elecciones de 2020, pero si hubo golpe en 2019, todos miembros de la Asamblea Legislativa están ilegalmente ejerciendo el cargo”.

√ “Algunos jueces en el Tribunal Departamental de Chuquisaca se pronunciaron a través de los grupos de WhatsApp: “La vergüenza que deberán soportar toda su vida los hijos de tres colegas que por conservar su trabajo vendieron su alma hacia a la impostura”, señala un comentario respecto a la sentencia contra Áñez. 

Lanchipa pide celeridad en Golpe I

Tras la conclusión del juicio oral por el caso “Golpe de Estado II”, la Fiscalía reportó ayer que el otro proceso en contra de la expresidenta, denominado “Golpe de Estado I”, continúa en la etapa preliminar de la investigación.

En este proceso hubo una demora en las citaciones a los principales acusados, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por lo que anunció que pedirá celeridad a la comisión de fiscales que investiga este caso.

“Vamos a solicitar a la comisión de fiscales una acción más diligente y la celeridad correspondiente”, indicó escuetamente el titular del Ministerio Público.

Los juristas independientes denuncian “injerencia política”

Tras las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre la determinación de un juicio ordinario en contra de Jeanine Áñez, el grupo de juristas independientes denuncia una “injerencia política” en el sistema judicial del Estado.

El grupo de Juristas Independientes está integrado por José Antonio Rivera Santivañez, Kathia Saucedo, Ramiro Orias, Juan del Granado, Bernarda Flores, Gabriela Sauma, Soraya Santiago Salame y Samuel Flores.

Mediante un pronunciamiento, recuerdan las declaraciones que el expresidente Morales hizo recientemente respecto al juicio de responsabilidades en contra de Áñez, mismo que se habría determinado en una reunión política.

Consideran que las declaraciones emitidas por Evo “no solo constituyen la confesión expresa de la lamentable injerencia política en el sistema judicial del Estado”, sino que demuestran la obsecuencia de jueces, magistrados y el Ministerio Público, a las instrucciones políticas, faltando a sus obligaciones de garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Creen que “no son los jueces, los que toman la determinación de definir, en función a la competencia que les asignan, las normas del ordenamiento jurídico, la vía y jurisdicción en que serán juzgadas las exautoridades del Estado, sino el poder político autoritario de turno.

Asimismo, manifiestan que la falta de independencia judicial afecta “severamente” al Estado Constitucional de Derecho y hiere de muerte a la democracia, generando las condiciones para la instauración de un régimen autocrático; pues el sistema judicial no ejerce su labor constitucional de control del poder para racionalizarlo.

“Lamentamos que, en nuestro país, el sistema judicial haya sido secuestrado por quienes detentan el poder político, convirtiéndose en un instrumento de represión a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, afectando el Estado Constitucional de Derecho y la democracia”, se agrega en el documento.

Como juristas independientes insisten en que la falta independencia de los jueces y magistrados se debe a la “visión autoritaria de los gobernantes, al sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia, así como de los jueces de instancia y de apelación, previstos por la Constitución y las leyes; razón por la que, para restablecer la independencia judicial, se requiere de urgentes medidas para la transformación de la justicia, siendo una de ellas la reforma parcial de la Constitución mediante Referendo Popular vía iniciativa ciudadana” se lee en el pronunciamiento.

Así, este grupo de juristas “alertan finalmente que una mantenida conducta autoritaria de los gobernantes puede desatar una crisis como la del 2019.

Presidente Conalab: Fallo “aberrante”

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia (Conalab), Oscar Vargas, calificó de “ilegal e inconstitucional” la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez y acusó a los “juristas del horror” que la sentenciaron de haber “cercenado el derecho penal y de actuar de forma aberrante e inconcebible bajo los principios de la venganza, el escarnio, antes que los derechos humanos”.

En entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1, dijo que opina como abogado libre, siguiendo la línea de los juristas formados “con convicción, con ética y con principios”, y que coincidieron en señalar el proceso contra Áñez de “absolutamente ilegal e inconstitucional”, porque desconoce la jurisdicción establecida por la propia Constitución en sentido de que todo Presidente del Estado debe ser juzgado en juicio de privilegio. 

“Cercena el derecho penal de una forma tan aberrante que es inconcebible que estos juristas del horror puedan siquiera mirarse al espejo. Está claro que la venganza, el escarnio se encuentran antes que cualquier otro principio, incluso de derechos humanos”, enfatizó.

Vargas sostiene que la posible comisión de delitos en la asunción como presidenta por parte de Áñez debería dilucidarse en un juicio de privilegio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una vez que por dos tercios se apruebe en la Asamblea Legislativa.

“Pero probablemente el partido de Gobierno quizá no iba a lograr los dos tercios de votos, optó por esta incongruencia jurídica, esta aberración de partir el hecho criminoso; es decir, juzgar primero la ideación y después la ejecución. Entonces, el argumento de esto es que mientras era senadora ideó (el delito) y cuando fue presidente consumó y ejecutó los demás actos (delictivos), lo cual es absolutamente inconcebible en el derecho penal actual, pero en el Estado Plurinacional se puede dar”, sentenció Vargas.