El MAS decide enjuiciar a “socios” de Áñez: opositores y Luis Almagro

Cierran filas en torno a Evo y advierten con expulsiones si alguien lo critica

ASUNCIÓN. La expresidenta Jeanine Áñez, luego de asumir el poder en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ASUNCIÓN. La expresidenta Jeanine Áñez, luego de asumir el poder en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Foto: AFP

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 14/06/2022 02:08

La lista es larga. El MAS exigió ayer el enjuiciamiento de los “cómplices” del “golpe de Estado de 2019”, luego de que el viernes un tribunal de La Paz sentenciara a diez años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez. La cúpula del oficialismo quiere en el banquillo de los acusados a los “socios políticos” de la exmandataria: Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Además del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Esa postura fue comunicada por el jefe de la bancada del MAS en Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, quien se refirió a nueve puntos que resumen una larguísima reunión sostenida entre los legisladores del oficialismo y el Ejecutivo del presidente Luis Arce. Además, cerca de 12 horas de debate el fin de semana, sirvieron para recalcar la “unidad monolítica” en torno “al comandante Evo Morales”. 

Arispe expuso los acuerdos y las conclusiones que emanaron del encuentro. Pero los mismos también forman parte de un pronunciamiento público de la Dirección Nacional del MAS.   

El MAS considera que la sentencia contra Áñez es “un avance en la búsqueda de justicia por los graves hechos” de 2019, pero que “aún falta que se juzgue a la exsenadora” por las “masacres de Sacaba y Senkata, y también a sus “socios políticos”. El partido afirma que la expresidenta “no actuó sola durante el golpe de Estado”.

En ese orden, y “en ese marco de la reparación del daño a las víctimas y la búsqueda de justicia”, la cúpula del MAS decidió impulsar el enjuiciamiento de todos los “cómplices” de Áñez. 

Según dijo, de manera unánime, su partido decidió pedir a “los ministerios de Justicia, de Gobierno y a la Fiscalía General” que enjuicien a Camacho (Gobernador de Santa Cruz), Mesa (líder de Comunidad Ciudadana) y al expresidente Tuto Quiroga.

Pero no solo a ellos: también a Marco Pumari (expresidente de Comcipo), Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Fernando López (exministro de Defensa), Samuel Doria Medina (exjefe de UN), Luis Revilla (exalcalde de La Paz), Luis Larrea (dirigente del Colegio Médico de Bolivia) y a Waldo Albarracín (exDefensor del Pueblo y exRector de la UMSA).

En la lista, también decidieron incluir al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y a los “demás colaboradores” del “golpe de Estado de 2019”.

El expresidente Carlos Mesa calificó el domingo como “un gran fraude procesal” la sentencia contra Áñez, lo mismo que Tuto Quiroga, ambos con críticas contra Evo.

Morales les respondió ayer, también en sus redes sociales. 

LA FIGURA DE EVO

En la reunión, además, se centraron en patentar la figura de Morales en su partido y acordaron: “Reconocemos el liderazgo de la conducción política de la Revolución Democrática y Cultural del comandante Evo Morales, y a Lucho y David como nuestro Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia", dice el primer punto.

En el segundo, “la bancada nacional conmina a la unidad monolítica tanto al Órgano Ejecutivo, la Dirección del MAS-IPSP, como al Pacto de Unidad”, en un claro mensaje de cierre de filas en torno a Morales. 

Arispe aclaró al respecto que “la conducción política (queda) a la cabeza de Evo Morales y (a) Arce corresponde la conducción del Estado”.

Habrá reuniones trimestrales entre Ejecutivo y la dirección política del MAS-IPSP para coordinar estrategias políticas. "Somos un Gobierno del instrumento político del MAS-IPSP” y los cargos electos, reflexionó Arispe, deben respetar “las decisiones (que) se toman en las reuniones de máximo nivel”.

El vicepresidente David Choquehuanca también fue interpelado por los asambleístas. Dos de las conclusiones se centran en su labor al frente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le demandan trabajar en una agenda legislativa estratégica rumbo al Bicentenario, además de participar en todas las reuniones de la bancada del MAS y “priorizar” los proyectos de ley presentados por asambleístas del oficialismo.

Ante la urgencia por silenciar críticas al interior del oficialismo, otro de los puntos señala que desde la dirección política se exigirá la “destitución de los servidores públicos que hablen contra el MAS-IPSP, Evo Morales y dirigentes de otros sectores sociales”. 

Finalmente, los acuerdos alcanzados exigen un actuar inmediato al Ejecutivo con una "lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y otros ilícitos" que perjudican al país.

JUICIO

El MAS decidió enjuciar a los “cómplices” de Áñez por el “golpe de Estado” de 2019 e incluyó en la lista a Mesa, Tuto, Camacho, Samuel e, incluso, a Almagro.

Carvajal organiza una marcha tras la condena a Jeanine Áñez

Mediante un “comunicado urgente”, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), que dirige Amparo Carvajal, convocó a una marcha para hoy, martes, después de que la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, fuera condenada a diez años de cárcel por un tribunal de La Paz.

La Apdhb, que está representada “legalmente por María Amparo Carvajal” convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en La Paz y en el resto del país a concentrarse en puertas de la Apdhb, ubicada en la avenida 6 de Agosto N° 548, este martes al mediodía, dice la convocatoria.

“Nuestro lema será: ‘Verdad, Justicia y Libertad’ y respeto a los derechos humanos de todos nosotros. El pueblo que luchó por la democracia ha sido condenado a diez años de cárcel”, dice el comunicado.

“(Quiero) llamar urgemente a la población en general y a todos los defensore de la verdad y la justicia que nos acompañen en esta marcha en La Paz”, dijo Carvajan en una breve entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1. 

Aguilar dice que hubo “golpe”, pero apoya juicio de privilegio 

El exsenador del MAS Omar Aguilar afirmó ayer que “negar que hubo golpe de Estado” en 2019 “es querer tapar el sol con un dedo”, luego de que la justicia condenara a la expresidenta Jeanine Áñez a diez años de cárcel.

Según el exlegisaldor, el único documento que pudo avalar a Áñez como presidenta de la Cámara de Senadores es una resolución camaral, algo que nunca obtuvo, ya que no hubo elección en la Cámara Alta para recomponer la directiva.

Por otro lado, ratificó que hubo una orden de renuncia colectiva en el MAS para provocar un vacío de poder, pero afirmó que esa orden no se cumplió. Es decir, no renunció ni de cerca el 50% de los legisladores masistas, como pretendía el partido oficialista. 

Sobre la ley con la que se convocó a las elecciones en 2020 y la ampliación del mandato de Áñez por parte de la Asamblea, dijo que estas no reconocieron la asunción de la expresidenta y que, tras consultar con el TCP, este avaló la ampliación de su mandato, pero no trató la manera en la que asumió el poder. No obstante, dijo que Áñez debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades por sus actos como expresidenta.

Del Granado: El MAS transita por el camino de la ilegalidad

El exalcalde Juan del Granado, uno de los principales impulsores del juicio de responsabilidades contra el expresidente de facto Luis García Meza, advirtió ayer que el MAS transita por el camino de la ilegalidad, luego sentenciar a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria y pretender ahora juzgarla por Senkta y Sacaba por la misma vía y no en un juicio de responsabilidades.

“Los actos de la señora Áñez debían ser parte de un juicio de responsabilidades”, dijo Del Granado, al señalar que la manera en la que asumió el poder “fueron actos preparatorios”, tal como ocurrió con García Meza, que cometió delitos antes de asumir la presidencia.

“Todo ello fue juzgado en un solo juicio de responsabilidades, y la situación jurídica, legal, constitucional no ha cambiado. La nueva CPE prevé juicio de responsabilidades para todos los actos delictivos”, dijo Del Granado.

“Estamos transitando el camino de la ilegalidad, camino peligroso que puede poner en riesgo la estabilidad democrática del país (...) Estaríamos decretando el cese de la vigencia constitucional de manera abierta”, advirtió.

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