García-Sayán ya se ocupó antes del caso Áñez, pero esta vez señala una posible injerencia y menciona a Evo

Si bien en su informe cita al proceso contra Jeanine Áñez como un ejemplo de los “problemas estructurales” de la justicia boliviana, el relator de la ONU por la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, se refirió este martes abiertamente a una posible injerencia política en el caso judicial de la expresidenta y señaló por primera vez a Evo Morales.

En su informe revelado en mayo pasado, el jurista peruano menciona que, durante su visita al país y en entrevistas con autoridades y personajes relacionados con la política y la justicia, evidenció patrones de injerencia en la justicia de larga data.

También recuerda que, cuando estaba en Bolivia, la expresidenta Áñez se encontraba en huelga de hambre en la cárcel de Miraflores y afirma que el proceso contra ella “pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”.

García-Sayán ya se refirió al caso Áñez en dos puntos de su informe sobre Bolivia

• Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. En el proceso denominado “Golpe de Estado I”, fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido como “Golpe de Estado II”, se encuentra imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso.
• Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud. El Relator Especial recordó que, en el caso particular de una huelga de hambre, esta obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente.

“Señales de posible injerencia”

Este martes, tras la sentencia de 10 años de cárcel para Áñez que emitió el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, García-Sayán apuntó, a través de su cuenta de Twitter, a una posible injerencia política en el proceso contra la exmandataria a partir de las declaraciones de Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“#Bolivia: preocupa lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades (sic)”, escribió García-Sayán en esa red social.

El Relator de la ONU hizo de esta manera referencia a los dichos del exmandatario sobre una reunión con la cúpula del Gobierno y del MAS en la que, según sus afirmaciones, hubo coincidencia en procesar a Áñez en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades por las masacres de Senkata y Sacaba, en noviembre 2019, pese a que ya hay una proposición acusatoria por este caso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Distintos actores interpretaron estas aseveraciones como una confesión de que así había ocurrido para el caso "Golpe II".

En otro tuit, García Sayán señala que, si bien aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia –se anunció que esta será revelada este miércoles en una audiencia–, “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.

“Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”, añade García Sayán, en un hilo de cinco tuits.

Finalmente, anuncia que la “sentencia de fondo será analizada por todos los actores y partes concernidas”.