Cesar Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, se adhirió al informe de la Misión Técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que refleja observaciones al debido proceso en el juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez.
“La Oacnudh ha realizado una labor muy importante al acompañar como observadores independientes el proceso judicial contra la expresidenta interina Jeanine Áñez. Compartimos sus preocupaciones sobre cómo se condujo el proceso”, indicó Muñoz, a través de su cuenta en la red social Twitter.
El reporte de la ONU observa que el tipo penal de "incumplimiento de deberes es incompatible con el principio de legalidad”; además de ser “excesivamente amplio y ambiguo”.
La Oacnudh cuestiona el uso excesivo de la detención preventiva y una “acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos” y recuerda que esta medida, de acuerdo con derecho internacional, tiene un carácter excepcional en su uso.
También observa que la falta el acceso del público y de los medios de comunicación violentan el principio de publicidad y se afectó el principio de inmediación, en relación al contacto directo del juez con los sujetos del proceso.
“La restricción a la presencialidad física de personas acusadas en su propio juicio exige condiciones más estrictas con vistas a garantizar plenamente sus derechos”, apunta.
Además, señala que la participación de numerosas partes acusadoras, entre las que se encontraba la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y un senador, “afectó el equilibrio procesal”.
Tras conocer las observaciones, la exmandataria reclamó que la justicia le negó un juez natural, el derecho a defenderse en libertad y a estar presente en su propio juicio. También cuestionó que no declararon “los que abandonaron el poder” y no garantizaron la “igualdad de partes y (el acceso) a sus pruebas de descargo”,
La Misión advirtió que las observaciones se realizaron con el objetivo de verificar las garantías del derecho al debido proceso y en la transparencia de los procedimientos judiciales, con base en los estándares internacionales y Tratados de Derechos Humanos firmados por Bolivia.
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