Golpe II: Gobierno ve “exagerada” la opinión de la ONU

El Gobierno calificó de exageradas las observaciones de la Misión Técnica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que halló vulneraciones a los derechos humanos de la expresidenta Jeanine Áñez en el proceso que se le sigue en su contra. Mientras tanto, la exmandataria dijo: “me negaron a estar presente en mi propio juicio”.

La virtualidad del proceso, la falta de acceso a las pruebas testificales y la afectación al equilibrio procesal por la numerosa participación de partes acusadoras, en el juicio por el caso “Golpe II” afectaron el debido proceso a la expresidenta Áñez y los otros acusados, según observó preliminarmente la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

La organización participó en el proceso como observadora a invitación de autoridades judiciales y el viernes emitió un documento con seis observaciones sobre el debido proceso y la transparencia, sin llegar a examinar las pruebas o las conclusiones del Tribunal de Sentencia de La Paz.

LA VIRTUALIDAD

En uno de los puntos, la Oacnudh hace énfasis en el formato virtual e híbrido que adoptó el Tribunal para el desarrollo del juicio oral, lo que considera que “tuvo un impacto en el principio de publicidad, respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación; así como en el principio de inmediación, con relación al contacto directo del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso”.

Al final de esta observación, luego de recalcar que los acusados solo estuvieron presentes en el juicio cuando los miembros del Tribunal visitaron los centros penitenciarios para la toma de declaraciones inicial y final, señala que si bien la publicidad de los procesos puede ser restringida, la restricción a la presencialidad física de las personas acusadas en el juicio “exige consideraciones más estrictas en vistas a garantizar plenamente sus derechos”.

ACCESO A LA PRUEBA TESTIFICAL

La Misión de la Alta Comisionada considera que otra de las decisiones que afectó los derechos de los acusados es la de no exigir la comparecencia de los testigos.

“El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales”, señala en el quinto punto de sus observaciones preliminares.

EL EQUILIBRIO PROCESAL

Finalmente, la Oacnudh cuestiona la “participación numerosa” de partes acusadoras, como la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y el senador Andrónico Rodríguez, que “afectó al equilibrio procesal”.

“La participación de numerosas partes acusadoras, entre las que se encontraban la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y un Senador, afectó el equilibro procesal, entre otros, en la posibilidad de proponer pruebas, en la confrontación de testigos, y en la presentación de alegatos”, indica.  

La organización también cuestiona la acumulación de la detención preventiva y la incompatibilidad del tipo penal “incumplimiento de deberes”.

GOBIERNO EN DESACUERDO 

“Estamos en desacuerdo con algunos temas, que creo que han exagerado en su pronunciamiento”, dijo el viceministro de Justicia, César Siles, la primera autoridad de la administración de Luis Arce en referirse a las observaciones.

Pese a los cuestionamientos de la Oacnudh, Siles afirmó que en el Gobierno nacional “hay una sensación que se ha garantizado el debido proceso”.

Sobre el delito de incumplimiento de deberes, que según la organización observadora del proceso “es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, el Viceministro manifestó que se trata de una decisión del Tribunal.

“Es una decisión del Tribunal si aplica el delito (de incumplimiento de deberes) que estaba vigente en el momento de los hechos o el delito que ha sido modificado posteriormente por la ley de fortalecimiento y lucha contra la corrupción, es una decisión que ha tomado el Tribunal en el momento de sentenciar”, señaló Siles.

Pidió aguardar el dictamen de los tribunales de Apelación y Casación, a los que espera que la defensa de la expresidenta acuda, así como a instancias internacionales.

INFORME FINAL

El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, presentará en Ginebra el informe final del organismo sobre el estado de la justicia en Bolivia este lunes, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.  

Las seis observaciones de la Oacnudh sobre el juicio a Jeanine Áñez

1  El tipo penal de “incumplimiento de deberes” es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos por ser excesivamente amplio y ambiguo.

2  El uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar. En el proceso judicial en cuestión se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos.

3  Las medidas de restricción de la libertad mediante la detención preventiva deben ser excepcionales y basarse en una determinación individualizada. Esta decisión debe revisarse de manera periódica para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de posibles medidas alternativas.

4  El formato virtual e híbrido de las audiencias decidido por el tribunal en este proceso judicial tuvo un impacto en el principio de publicidad. Sobre todo, afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el tribunal se desplazó a las cárceles. 

5  El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales.

6  La participación de numerosas partes acusadoras afectó el equilibro procesal, entre otros, en la posibilidad de proponer pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos.

Áñez: Me negaron todo, a estar presente en mi propio juicio

No se quedó callada. Mediante sus redes sociales, la expresidenta, Jeanine Áñez se pronunció el viernes sobre los cuestionamientos realizados por el relator de la ONU que cuestionó el proceso en contra de la exmandataria. 

“Me negaron juez natural, me negaron el derecho a defenderme en libertad, a estar presente en mi propio juicio, a que declaren los que huyeron, a garantizar igualdad de partes (4 carteras de Estado contra 1 presa política), a mis pruebas de descargo. Me negaron todo”, cuestionó la expresidenta, a través de un mensaje difundido por sus familiares en sus redes sociales.

En este proceso, Áñez fue condenada a diez años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Investigador de HRW comparte preocupaciones de la ONU 

Cesar Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, se adhirió al informe de la Misión Técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que refleja observaciones al debido proceso en el juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez.

“La Oacnudh ha realizado una labor muy importante al acompañar como observadores independientes el proceso judicial contra la expresidenta interina Jeanine Áñez. Compartimos sus preocupaciones sobre cómo se condujo el proceso”, indicó Muñoz, a través de su cuenta en la red social Twitter.

El TCP rechaza recurso de queja de la expresidenta Áñez

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó el viernes el último recurso que presentó la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, en el marco del caso “Golpe de Estado II”.

Mediante sus abogados, el pasado 6 de junio, Áñez presentó un recurso de queja, con el que pretendía que el auto constitucional, que rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta, sea revertido y que los magistrados ingresen a tratar el fondo de la demanda.

El recurso fue presentado antes de la reanudación del juicio por el caso "Golpe de Estado II" y no frenó su curso. El proceso terminó en una semana con el resultado de 10 años de cárcel para la exmandataria, a quien se acusó de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Están violando el debido proceso porque el recurso de inconstitucionalidad concreta presentado hace dos semanas no ha sido sustanciado en su totalidad; recordemos que ese recurso fue el que detuvo el juicio en La Paz”, explicó entonces el excandidato a alcalde de Sucre, Horacio Poppe, quien presentó el recurso junto con el abogado Matías Arroyo.